Una Constitución que se aprueba a retazos, sacados de un itacate

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Ciudad de México.- Al político alemán del siglo XIX, Otto von Bismarck, se le atribuye con razón o no, una frase que ilustra al dedillo lo que hoy ocurre en la Asamblea Constituyente. “La gente no dormiría tranquila si supiera cómo se hacen las salchichas y las leyes”, habría dicho el también militar germano.

Y es que en este órgano legislativo, la manera de procesar, discutir y votar lo que será la futura Constitución de la Ciudad es todo un enredo, un galimatías ajeno a los ciudadanos, del que sólo entienden y comprenden los propios legisladores.

La diputada constituyente del PRD, Katia D´Artigues, describió con genialidad en sus redes sociales lo confuso que ha resultado el procedimiento para aprobar la Constitución capitalina.

“¿Qué pasa en el Pleno hoy? Esto: cómo vivir en Narnia en el Día de la Marmota”, escribió la periodista.

Palabras más, palabras menos, D´Artigues bromeó con el hecho de que “había una vez” un dictamen, que se votó en comisiones y en el que se incluyeron después reservas por parte de legisladores, para modificarlo.

Ese dictamen luego se votó en el Pleno y sobre ese documento se presentaron nuevas reservas, algunas de las cuales no se aprobaron y que, al no alcanzar el apoyo de las dos terceras partes de los diputados presentes, se regresó a la comisión dictaminadora.

En esa comisión, sin importar si hubo reunión de la misma o no, se hizo un nuevo dictamen con los temas que se regresaron. La comisión presentó como suya una redacción que no era propia, pues se construyó en la Mesa de Consulta, en donde deliberan exclusivamente los coordinadores de bancadas.

“¿Qué ocurre luego? Pues que se presenta en el Pleno el nuevo dictamen, sobre el que se presentan más reservas…y así hasta el final de los tiempos”, expuso D´Artigues.

A retazos y con itacate

Hoy, ese procedimiento descrito por la periodista llevó a una aprobación a retazos de la Constitución local.

Muchos son ya los temas que se regresan a comisiones, porque no alcanzan el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, y como en comisiones no se logran acuerdos sobre los mismos, se le pasan a la Mesa de Consulta, para que ahí los coordinadores se arreglen y presenten una nueva redacción.

Los pendientes que llegan a Mesa de Consulta son tantos que con sorna, el diputado Porfirio Muñoz Ledo ya les llama el itacate. Todo lo que no logra consenso en el Pleno, ni en comisiones y llega a Mesa de Consulta ya es conocido en esta Asamblea Constituyente como “el itacate”.

Ahí hay temas de los artículos 14, 15, 21, 22, 26 y 74, que siguen pendientes de salir, en algunos casos desde diciembre.

Son párrafos o numerales relacionados con asuntos polémicos, a algunos de los cuales se les dio trámite en la sesión de esta tarde-noche del Pleno de la Asamblea Constituyente, luego de que en la Mesa de Consulta se “planchó” un acuerdo.

La sesión de este martes comenzó a las 18:25 horas, en espera de que la Comisión de Ciudadanía avanzara con la presentación de un nuevo dictamen de los 13 artículos que son de su competencia y luego de que, como describió Katia D´Artigues, “había una vez un dictamen” respecto al que se presentaron nada más que 191 reservas.

La Comisión de Ciudadanía sesionó durante la mañana y parte de la tarde, pero sólo lograron avanzar en la redacción parcial del nuevo dictamen en los artículos 27, 28 y 29. El artículo 30 lo dejaron incompleto, porque a la hora de la comida decretaron un receso para continuar mañana miércoles.

Al “itacate” los legisladores integrantes de esa Comisión mandaron el polémico tema relacionado con el derecho al voto a partir de los 16 años y el derecho al sufragio a personas en situación de reclusión que no hayan recibido sentencia definitiva, todo ello incluido en el artículo 29.

La clientela política

De los retazos que salieron del “itacate” para su aprobación en el Pleno de la Constituyente, los legisladores aprobaron hoy el numeral 2 apartado A del artículo 22, que no logró salir en días pasados pues el bloque de PRI, PAN y aliados no estuvo de acuerdo que en la aplicación de políticas y programas sociales de la Ciudad participen organizaciones civiles, porque eso deja abierta la puerta a que la clientela política oriente la visión social de la capital del país.

Con la nueva redacción, que se aprobó con 63 votos a favor y 21 en contra, las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y demarcaciones se realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución.

Los diputados de Morena fueron los que votaron en contra. De entre ellos, el legislador Raúl Bautista acusó que se sataniza a las organizaciones sociales, al calificarlas como corruptas, encabezadas por líderes que son bandidos y que sólo generan clientela.

“Nunca se reconoce, porque descalificar es fácil, la experiencia de estas organizaciones, sus aportes, sus resultados. Siempre tratan de ver su lado oscuro, algunas veces existe, no lo podemos justificar, pero no hay razón ni argumentos para despojar a las organizaciones de un derecho ya ganado en la Ley de Desarrollo Social aprobada el año 2000, la cual reconoce el derechos de los habitantes y organizaciones en el diseño, ejecución y evaluación de programas sociales”, dijo Bautista.

Recordó que un esquema que salió gracias a la intervención de organizaciones, es el programa de mejoramiento barrial, el cual tiene más de 10 años de existencia. “Los programas populistas son los que se hacen para la gente, pero sin la gente; estamos llenos de esos programas”, concluyó.

Agua sí, pero no renta básica

Del "itacate" también salieron temas que tenía pendiente la Comisión Carta de Derechos. Uno de ellos fue el de agua y su privatización, un asunto que durante la discusión en el Pleno dividió a diputados de Morena, como Bernardo Bátiz y Clara Brugada, que votaron a favor, mientras que Jaime Cárdenas e Irma Eréndira Sandoval lo hicieron en contra.

La presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, Marcela Lagarde, hizo la presentación del nuevo dictamen relativo al artículo 14, apartado F, numeral 3. Este párrafo se regresó a comisiones derivado de una reserva presentada por el diputado del Panal, Gabriel Quadri, quien en su momento planteó la necesidad de que el sector privado se involucre en la gestión del servicio.

Con la nueva propuesta se mantiene intacto casi todo el texto. Sólo elimina la palabra “exclusivamente” de la última frase, para quedar así: “El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”. 

Para Jaime Cárdenas la redacción correcta debía contemplar que no sólo la gestión del agua es pública y sin fines de lucro, sino también todos los procesos asociados, como la potabilización, distribución, abasto, drenaje y tratamiento. Acusó que Carlos Slim y su empresa Carso, han sido beneficiados con un contrato por 25 años para el tratamiento del agua de esta ciudad y en las obras de construcción del Tunel Emisor Oriente, lo que revela el ánimo privatizador.

Clara Brugada se manifestó en favor del dictamen y dijo que significa un logro regresar al texto de la Constitución la frase la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. “Queremos una Constitución que garantice la rectoría del ejercicio público de la gestión y con esta redacción lo alcanzamos”, agregó.

De ese mismo artículo 14 se aprobaron los numerales 2 y 4 del apartado A, relacionados con la distribución equitativa de la riqueza y la transparencia en la ejecución de los programas sociales.

Sin embargo, dentro de ese apartado A quedó pendiente el numeral 3, en donde se menciona el escabroso derecho denominado “ingreso básico universal”, el cual causa escozor a diputados del bloque PRI, PAN y aliados.

Este asunto aún no ha podido salir de la Mesa de Consulta, pues los coordinadores de las bancadas no han llegado a una redacción que les satisfaga. De ese tema el único punto que ha tenido consenso es que ya no tendrá carácter universal, aunque los diputados de izquierda buscan que se establezca su progresividad.

Con respecto al apartado C del mismo artículo 14, sobre el derecho a la alimentación, se eliminó una oración relativa a la existencia de un organismo público que implemente las políticas de abasto. Se mantuvo el texto del dictamen en el sentido de que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.

Régimen de Capitalidad

Un artículo que los diputados tenían pendiente de aprobar desde diciembre es el 73, relacionado con el Régimen de Capitalidad para la Ciudad de México, luego de que no alcanzó el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Pleno.

Hoy por fin se avaló ese artículo en el cual se señala que la Ciudad de México, en su carácter de capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, garantizará las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales y, en el ámbito de sus competencias, brindará la colaboración que requiera la Federación en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que se modificó  y fue aprobado, tiene que ver con los recursos que la ciudad reciba en su carácter de capital de la República. Así se estableció que el presupuesto para este fin se asignará conforme lo prevé el artículo 122 de la Constitución federal, y se ejercerá de acuerdo con las bases que establezca la normatividad aplicable.

 

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