Auditores plantean nuevos modelos de fiscalización acordes con nueva Constitución, frente a dos legisladores

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Ciudad de México.- Con un gran número de preguntas por hacer, pero con muy pocos legisladores por hacerlas, el Auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, acudió este viernes a la Comisión de Buen Gobierno de la Asamblea Constituyente, para hablar con los diputados sobre el mejor modelo de fiscalización y rendición de cuentas que les conviene incluir en la Constitución de la Ciudad de México.

Por más de dos horas y media, Portal, así como Manuel Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México, asesores de ambos funcionarios y María Cruz Lesbros, presidenta de la Escuela de Contadores, dialogaron con los constituyentes Esthela Damián, del Movimiento Ciudadano, y Armando Ríos Piter, del PRD.

La sesión estaba convocada a las 10:00 horas y aunque inició con 30 minutos de retraso, sólo estos dos diputados estuvieron presentes durante todo el encuentro con los auditores, que tuvo como objetivo central definir el modelo más acorde de supervisión del gasto público y del ejercicio de gobierno para la Ciudad de México.

Fue hasta que se acercaba el final de la reunión, alrededor de las 13:00 horas, cuando el resto de los legisladores, del PRD, del PRI, del PAN, de Morena y de los designados por los Ejecutivos federal y local, comenzaron a llegar a este encuentro, aunque ellos iba más bien a la sesión ordinaria que se convocó para cuando los auditores se fueran.

Para esa hora, los funcionarios ya habían expuesto toda suerte de propuestas y planteamientos de lo que la Asamblea Constituyente necesita hacer para armonizar la carta fundacional de la capital del país con el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que fue creado a raíz de una reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Juan Manuel Portal marcó la pauta del camino que deben seguir los legisladores para lograr esa armonización.

Es necesario, agregó, que la carta fundacional de la capital del país sea coherente con los planteamientos en materia de anticorrupción que marca la Carta Magna de la República, y para ello hizo una serie de sugerencias sobre el contenido particular del proyecto de Constitución, algunas de las cuales tienen un énfasis respecto a la participación ciudadana en los procesos de fiscalización.

Así, por ejemplo, dijo que en la futura Constitución local se debe prever la conformación de un Comité Coordinador del sistema local anticorrupción, el cual tendrá que estar integrado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el fiscal anticorrupción local, el contralor capitalino, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el titular del Instituto de Transparencia de la Ciudad, así como un representante de un comité de participación ciudadana creado ex profeso para esta tarea, así como un representante del Consejo de la Judicatura local.

Explicó que la reforma constitucional federal plantea la creación de un Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Anticorrupción, el cual estará conformado por cinco ciudadanos.

Al final de su discurso señaló: “La ciudad tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo para el resto del país en cuanto a la prevención y sanción de prácticas corruptas, así como en la muestra de que la participación ciudadana puede conjugarse con las autoridades locales para mantener una actitud de vigilancia y denuncia en defensa del interés común”.

Portal agregó otros temas pendientes que los diputados deben considerar en la Constitución de la Ciudad, como otorgar facultades al Congreso local para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como establecer las bases para la conformación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, además de instituir la creación de un tribunal administrativo.

Ese tribunal, explicó, estará facultado para dictar fallos, además de imponer las sanciones a los servidores públicos, ante responsabilidades administrativas graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; así como fincar el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias.

Esthela Damián y Armando Ríos Piter preguntaron una y otra vez a los auditores cómo debería quedar redactada la Constitución local para establecer que las autoridades fiscalizadoras tendrán mayores facultades para coadyuvar con el Ministerio Público cuando, antes responsabilidades administrativas que lo ameriten, sea necesario el ejercicio de la acción penal.

En esa parte de la discusión, altamente técnica y especializada, tanto Portal como Vega Vera manifestaron diferencias, sobre qué tanto deben involucrarse autoridades de los órganos de control y fiscalización en el seguimiento e intervención de los procesos penales que interpongan, no obstante, acordaron que armonizarán sus propias opiniones para entregarles a los diputados una propuesta de redacción antes de que estos elaboren su dictamen.

Amparos contra el recorte presupuestal

Poco después del mediodía y con un aviso de última hora, diputados constituyentes del PRD convocaron a una conferencia de prensa para hablar sobre el tema que en ese momento concentraba la atención mediática y de la clase política: El recorte al presupuesto de la Ciudad de México para el próximo año.

A la conferencia llegaron dos de legisladores que al mismo tiempo son diputados federales y que durante la madrugada estuvieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017.

Cecilia Soto hizo el anuncio más fuerte de la conferencia. Dio a conocer que el PRD respaldará a organizaciones de la sociedad civil para que promuevan amparos en contra del recorte presupuestal, particularmente en el tema del agua.

Dijo que la reducción de recursos, de 700 millones de pesos para el mantenimiento del Sistema de Aguas, pone en riesgo el suministro del líquido en la capital del país.

 “Un recorte tan drástico, evitable en el caso del agua, es algo que pone en riesgo la posibilidad de tener agua y por lo tanto viola un derecho humano fundamental que es el derecho al agua, entonces vamos a reunirnos no solamente legisladores sino organizaciones sociales y vamos a plantear crear un frente para plantear una acción”, dijo Soto.

Al tomar la palabra, Jesús Valencia acusó que el recorte tiene claros tintes políticos y calificó la disminución de recursos para la Ciudad como el peor que ha tenido la capital del país en los últimos 20 años. “Ni siquiera en la crisis del 95 nos fue a la ciudad tan mal como en esta ocasión”, expuso el diputado.

Dijo que los casi 4 mil millones de pesos que le fueron asignados a la capital del país por el Fondo de Capitalidad, el Fondo Metropolitano y para obras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, por casi 4 mil millones de pesos, representan una disminución de recursos del orden de 8 mil millones de pesos respecto a lo que se obtuvo para 2016.

Los perredistas dieron a conocer cifras de un análisis sobre los ingresos per cápita vinculados al monto del presupuesto federal tanto para el Estado de México como para la capital del país. Dijeron que en un comparativo de recursos federales para ambas entidades, el gobierno mexiquense recibe 500 pesos más por habitante que la Ciudad de México.

 Valencia hizo referencia a la bolsa de 20 millones de pesos con la que cuenta cada uno de los 500 diputados federales y que podrán asignar como ellos deseen. Se trata de una bolsa de recursos que se pueden utilizar a discreción de cada diputado federal, etiquetados en el Ramo 23, y que se llama Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), aunque extraoficialmente se le conoce como el “fondo de los moches”.

El perredista aseguró que los legisladores del PRD acordaron que el dinero no pasará por sus manos, pues se determinó que el recurso quedará etiquetado directamente al presupuesto de las delegaciones donde tienen representación o en dependencias del gobierno de la ciudad. Soto aseguró que en su caso los 20 millones de pesos que le correspondían quedaron etiquetados en el Sistema de Aguas.

Declaración de conflicto de interés

Por la mañana, organizaciones sociales, así como autoridades del Instituto de Transparencia de la Ciudad y del Instituto Electoral local, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la próxima celebración de un convenio con la Asamblea Constituyente, a través del cual el órgano legislativo se compromete a realizar una serie de acciones que cristalicen la figura de parlamento abierto y ese concepto no quede en una intención meramente enunciativa.

Todos los convocantes de la conferencia integran el Observatorio Ciudadano para una Asamblea Constituyente, un organismo que busca dar seguimiento a las tareas que realiza ese órgano legislativo y que, incluso, ha generado comisiones espejo similares a las ocho comisiones dictaminadoras, con la finalidad de monitorear los debates, análisis y conclusiones a las que llegan los legisladores durante sus reuniones de trabajo.

“En el convenio decimos qué deben cumplir los diputados constituyentes, como las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, aunque nosotros queremos enfocarnos más al tema de conflicto de interés por lo que se ha suscitado últimamente”, explicó el presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad, Mucio Hernández.

El tema del conflicto de interés ya generó un enfrentamiento entre legisladores que casi llega a los golpes entre diputados constituyentes, cuando el legislador de Morena, Jaime Cárdenas, acusó a su par, Manuel Díaz Infante, de incurrir en un conflicto de interés al ser magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia local y al mismo tiempo fungir como presidente de la Comisión de Poder Judicial de la Asamblea, desde donde presuntamente incidirá para favorecer a la estructura burocrática de esa institución. En defensa de Díaz Infante, el diputado del PVEM calificó de falaces los argumentos de Cárdenas, lo que derivó en una gresca entre ambos.

Los señalamientos sobre conflictos de interés no sólo han recaído en Manuel Díaz Infante. La diputada del Partido Encuentro Social, Aida Arregui, también ha sido señalada por los diputados de Morena, de ser ministra de culto y legisladora, lo que está prohibido en la Ley de Asociaciones Religiosas.

Luego de una reunión que celebró hoy la Conferencia de Armonización de la Asamblea Constituyente, trascendió que el próximo miércoles se discutirá en el Pleno del órgano legislativo si Arregui y Manuel Díaz Infante incurren en conflicto de interés.

Otro aspecto del convenio sobre parlamento abierto que el Observatorio Ciudadano firmará con la Constituyente contempla que integrantes del Observatorio puedan estar presentes en cada una de las comisiones dictaminadoras, para que en ellas haya incidencia de la ciudadanía y le puedan dar un seguimiento puntual a las deliberaciones.

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