Ciudad de México.- Hace décadas el Estado mexicano perdió el monopolio en el uso legítimo de la fuerza y este domingo un grupo de expertos llegados del extranjero mostró las consecuencias.
Como expongo en un libro de inminente aparición (De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado) un momento clave fue el 2 de octubre de 1968. Después de aquella noche siguieron dándose las masacres que gradualmente dejaron de tener una justificación política para convertirse en actos criminales protegidos desde el poder y arropados por la impunidad.
El uso ilegítimo de la fuerza es el hilo que conecta la Guerra Sucia con Aguas Blancas, Acteal, Villas de Salvárcar, Allende (Coahuila), San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, en un interminable listado.
Iguala destaca porque muestra la participación de todos los partidos, incluido el principal heredero de las víctimas del 68. Tras la desaparición de los normalistas está la frivolidad con la cual la principal tribu perredista –Nueva Izquierda– invitó a un títere del crimen organizado a saquear y ensangrentar Iguala, mientras los gobiernos estatal y federal se volteaban hacia otro lado para encubrir una impotencia observable en un recorrido por las oscilaciones de un Estado sin claridad ni rumbo.
Primer acto. El ejecutivo federal acorralado por el desprestigio firma, el 12 de noviembre de 2014, un Acuerdo de Asistencia Técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que envíe a México un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se comprometió por escrito a entregar un informe el 6 de septiembre de 2015.
Segundo acto. Un día después de la firma, el Senado remueve a Raúl Plascencia, un inútil, como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nombra a Luis Raúl González Pérez quien hace un esfuerzo por sacar a esa institución del pantano de ineptitudes. La CNDH retoma las investigaciones sobre Iguala.
Tercer acto. Por razones desconocidas el ejecutivo se olvida de las investigaciones que realizaban la CNDH y el GIEI y decide cerrar el caso el 27 de enero de este año. A Jesús Murillo Karam se le cuelgan todas las culpas, cuando el guión fue escrito en Los Pinos. Por la mañana de aquel día Enrique Peña Nieto pronunció un discurso decretando que había llegado la hora de superar el “dolor y [la] tristeza” por la “desaparición de [los] 43 jóvenes”; ya no podíamos, dijo, seguir “paralizados y estancados”, la patria debía unirse para “seguir avanzando”. Luego añadió que la PGR determinaría con “precisión lo ocurrido”.
Una hora después salió Murillo Karam a vanagloriarse con la “verdad histórica”. Nos presumió que el Estado contaba con evidencias de “una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables” y para desmentir a los escépticos.
Quinto acto. Entre aquel día y el 6 de septiembre la supuesta “verdad histórica” fue hecha trizas y sus despojos esparcidos en diversos basureros de la historia. Las dos comisiones hicieron su tarea. La CNDH presentó el 23 de julio un «Estado de la investigación del caso Iguala». El pasado domingo el GIEI refutó y ridiculizó el trabajo de un Estado desordenado, remendón e incompetente.
Sexto acto. Sorpresivamente el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un arranque de humildad y acepta el regaño público. El GIEI terminó su informe poco antes de las 14 horas. A las 14:32 el presidente enviaba el primer tuit agradeciéndoles el trabajo e informando que había dado indicaciones a las dependencias para que “analicen cada una de las recomendaciones”. Poco antes de las 16 horas la procuradora Arely Gómez leía un mensaje conciliador diciendo que el Estado ahora sí demostraría lo bien que sabe investigar y de pasada renueva el mandato del GIEI. Este lunes el presidente informó que se reunirá con los padres y madres de las víctimas.
¿Cómo intepretar la señal de apertura del gobierno peñanietista? El impulso lógico es verlo como otro acto de demagogia. Sin embargo, es tan grave el momento que resulta prudente esperar un poco para observar si hay resultados concretos. La mejor manera de tenerlos sería con una convergencia del GIEI, la CNDH y la PGR en torno a una agenda de investigación acordada con los padres y madres de las víctimas.
Las palabras sobrarán si la clase política se olvida de combatir la corrupción, la impunidad y el desorden tomando como referente que el Estado mexicano perdió su esencia cuando pervirtió su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. Se convirtió en Estado ausente.
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Colaboró Clementina Chávez Ballesteros.
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