Sentado al borde de la plancha del zócalo, Emiliano Navarrete observa a través de una pantalla gigante a la probable futura gobernante del país.
En silencio, escucha su discurso, la lista de cien compromisos que ella dice cumplirá durante su mandato: megaproyectos, programas sociales, y construir el segundo piso de la 4T; ninguno de ellos, ni uno solo, tiene que ver con encontrar la verdad sobre el paradero de José Ángel Navarrete González, hijo de Emiliano, ni de sus otros 42 compañeros normalistas desaparecidos en Iguala hace casi diez años.
Es el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados. La Plaza de la Constitución está atiborrada de simpatizantes que con banderas, mantas y todo tipo de parafernalia partidista, acudieron a manifestar su apoyo a la que pretende ser la primera presidenta de México.
En medio del ambiente electoral, hay un elemento que destaca entre la multitud: es el plantón de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con sus carpas y camiones rodeados con cinta amarilla y resguardados por normalistas de primer año.
En el plantón, se aprovechan la poca sombra para resguardarse del intenso calor; un grupo de mujeres, al rededor del fogón, asan chiles y los machacan en un molcajete mientras la candidata continúa hablándole a la multitud.
Desde ahí observa Emiliano, en el lugar que ha sido su refugio desde que llegaron a la Ciudad de México el pasado lunes 26 de febrero, día en que se cumplieron 113 meses de la desaparición de los jóvenes.
Luego de marchar desde el Ángel de la Independencia, al anochecer, se instalaron en plantón frente al Palacio Nacional con una exigencia muy clara: retomar diálogo directo con el presidente López Obrador, que a punto de terminar su sexenio, sigue sin cumplir con el número 89 de su propia lista de compromisos:
“Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables.”
A siete meses de que el presidente deje su cargo, las investigaciones del caso se encuentran estancadas. La negativa del Estado Mexicano de investigar la participación de las fuerzas armadas en la desaparición de los estudiantes y en en el ocultamiento de los hechos se ve reflejada en el discurso del titular del ejecutivo, que ha emprendido una campaña de descalificaciones contra las organizaciones civiles y abogados que respaldan la lucha de los madres y padres de Ayotzinapa.
“Contra el Muro de la Impunidad”, fue el nombre de la jornada de lucha que durante 10 días sostuvieron las madres y padres de los estudiantes, respaldados por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y sus diferentes normales rurales. Lograr una fecha para reunirse con el presidente era el objetivo; y en el camino, denunciar y exhibir a las instituciones que han permitido que a diez años y a pesar del cambio de régimen, siga sin conocerse la verdad.
SEGOB, omisa y cómplice.
El martes 27, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fue el objetivo de las protestas y en la calle Bucareli estallaron los primeros petardos de la semana. Una respuesta enérgica a los últimos acontecimientos en esa dependencia respecto al caso.
En el marco del noveno aniversario de la desaparición de los normalistas, el pasado septiembre se presentó el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), que estaba a cargo de Alejandro Encinas, antiguo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
El informe confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tuvo información en tiempo real de lo sucedido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, a través de 18 documentos que fueron reproducidos íntegramente y que forman parte de 868 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFRI), que han sido solicitados reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por el comité de madres y padres; entre esos documentos se encuentran transcripciones de llamadas telefónicas sostenidas entre personas involucradas en los hechos que podrían arrojar información crucial para dar con el paradero de los estudiantes.
También, se reconoció la infiltración de un militar en la normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, que se encuentra entre los desaparecidos.
A la fecha, el ejército no ha entregado toda la información que tiene su poder sobre lo sucedido con los estudiantes, amparado por la narrativa del presidente que insiste en lo contrario e incluso ha negado la existencia de estos documentos, mismos que fueron confirmados por las mismas personas que él mismo nombró para investigar el caso. La entrega de estos documentos es una de las demandas actuales del movimiento por los 43.
Menos de un mes después de presentar el controvertido informe, Encinas dejó su cargo en gobernación para sumarse al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum, dejando como nuevo subsecretario a Félix Arturo Medina Padilla.
Con Medina Padilla las diferencias entre el gobierno federal y el comité de madres y padres se volvieron mayores, pues lejos de fomentar la entrega de los documentos faltantes, impulsó una estrategia para dividir a y desmovilizar a través de la negociación de compensaciones económicas con un grupo minoritario de padres, expulsados del comité, y que tienen relación con el empresario guerrense Pedro Segura Valladare, quien en el expediente del se presume que ayudó a líderes de Guerreros Unidos a desaparecer a los estudiantes.
La sorpresiva presencia de este otro grupo en la primera reunión de 2024 entre la CoVAJ y las familias de los normalistas, fue motivo suficiente para que el comité de madres y padres anunciara que no se reunirían más, ni con la Comisión, ni con Arturo Medina y que sólo establecerían diálogo directo con el presidente.
Senado de la República, que los llame a comparecer.
El convoy de camiones arribó a las inmediaciones del Senado de la República, antes del medio día del miércoles 28, en contingente y gritando consignas, madres y padres encabezaron la breve marcha que avanzó hasta la puerta 4 del la Cámara de Senadores, ubicada en la calle Madrid.
Frente a las rejas de este recinto, madres y padres sostuvieron un mitin en el que expusieron el contenido de un documento que posteriormente entregaron a funcionarios de la cámara, donde hicieron una solicitud de reunión con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal y con Martha Micher Camarena, presidenta de la comisión para la igualdad de género.
Llamar a comparecencia a Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, al Fiscal Genera de la República, Alejandro Gertz Manero y a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, era el objetivo de esa reunión que nunca se realizó, ya que ni Monreal ni Camarena, salieron a recibirles.
Después de algunas horas de mitin y una vez confirmado que no serían recibidos, el tono de la protesta se elevó: pintaron consignas en algunas de las paredes exteriores y con petardos reventaron algunas puertas de cristal de este recinto.
Fotografía: Axel Hernández/ObturadorMx
Extradición, otra gran deuda de la 4T.
La policía capitalina se notaba nerviosa la mañana del jueves 29, en las principales avenidas del centro de la ciudad transitaban más patrullas de lo normal.
El movimiento por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa había anunciado que realizarían un mitin en instalaciones de la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, el grupo de autobuses no llegó a la Glorieta de los Insurgentes, se detuvo bajo el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que inmediatamente cerro sus rejas ante la inminente manifestación.
En la calle Independencia, a unos metros del barrio chino, madres y padres de los normalistas tomaron la palabra frente a columnas de estudiantes que, incansables, gritaban enérgicamente las consignas que claman por el regreso de sus compañeros.
La extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que actualmente se encuentra exiliado en Israel, país que no cuenta con un tratado de extradición con México.
Zerón de Lucio es uno de los principales fabricantes de la «Verdad histórica», que construyó a base de torturas, como quedó demostrado tras difundirse un vídeo en el que se prueba su participación en un interrogatorio durante el cual, Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo» un líder local de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los normalistas, recibe malos tratos por parte de quienes lo interrogan.
Recientemente, en un documental producido por la BBC sobre el caso Ayotzinapa, Tomás Zerón realizó una cínica declaración entorno a este metraje:
«Se ve que yo lo amenacé, okay, pero nunca lo torturé»
El ex funcionario ha tenido constantes apariciones públicas desde su exilio, lo que para el comité de padres y madres es, a todas luces, una muestra de la impunidad con la que gozan algunos ex funcionarios implicados en el caso.
La otra extradición que reclamaron durante el mitin de más de dos horas, es la de José Ulises Bernabé García, quien en septiembre de 2014 era juez de los separos de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala y que actualmente se cuenta con asilo político Estados Unidos, luego de que en 2015 fuera girada una orden de aprehensión en su contra acusado de presuntamente haber entregado a 17 normalistas al grupo delictivo Guerreros Unidos.
Dicha orden de aprehensión quedó sin efecto en mayo de 2023 por orden del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Guerrero. Posteriormente, en junio del mismo año, se emitió un nuevo mandato judicial en contra de Bernabé García, esta vez, por el delito de desaparición forzada.
Ambas extradiciones son unos de los puntos medulares a tratar en la reunión que buscan sostener con el presidente López Obrador.
En la SRE, nadie salió a recibirlos, ni siquiera un funcionario de medio rango que simulara recibir sus exigencias para entregarlas a sus superiores.
Una vez más, la respuesta ante la cerrazón institucional fueron las explosiones, que alcanzaron una de las ventanas cuadradas características del edificio, y la pintura en los blancos muros.
Tras una semana de no ser recibidos y ni siquiera mencionados por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, decidieron extender la jornada, originalmente planeada para concluir el 29 de febrero, y permanecer en el Zócalo durante el acto masivo con el que Claudia Sheinbaum daría inicio oficial a su campaña por la presidencia del país.
La indiferencia en el segundo piso de la 4T
Los preparativos para el gran evento fueron el paisaje cotidiano durante la primera semana del plantón, decenas de trabajadores cohabitaron el zócalo con las y los normalistas, mientras los primeros instalaban las vallas, pantallas y estructuras para sonido en preparación para recibir a la militancia morenista en el primer acto de la candidata de la 4T.
Pero el jueves 29 comenzaron las hostilidades, cuando autobuses de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se apostaron alrededor del plantón y un grupo de policías comenzó a instalar rejas en las cercanías.
Al plantón, llegó la solicitud de moverlo de lugar, ya que se pretendía instalar el templete justo en ese lugar, frente a la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Pero el plantón no se movió, obligando a que Claudia Sheinbaum diera inicio a su campaña con la Catedral Metropolitana de fondo el pasado viernes 1 de marzo.
Miles de personas comenzaron a llegar al Centro Histórico horas antes de que el evento iniciara, y en sus calles, abundaban los vendedores de todo tipo de mercancía alusiva al presidente, a su partido y también a la candidata.
«Exigimos diálogo con el presidente. +43 Ayotzinapa» fue el mensaje lanzado, a través de una larga manta que normalistas colgaron bajo el balcón presidencial, a la multitud que se comenzaba a reunirse alrededor del plantón.
A excepción de algunas pocas personas que buscaban confrontarse con los normalistas, acusándolos de estar con la oposición por manifestarse contra el gobierno, el evento partidista transcurrió con normalidad. Los jóvenes estudiantes, repartieron folletos con información sobre su protesta y platicaron con algunos militantes que asistieron al evento.
Pero a diferencia de su militancia, ninguno de los grandes cuadros del partido que asistieron al arranque de campaña, se acercó al plantón, mucho menos aún la candidata, que desarrolló su evento con total indiferencia hacia la lucha de los padres y madres de los 43 desaparecidos.
La segunda semana de protestas.
Luego de reunirse con organizaciones sociales de la Ciudad de México solidarias con su causa, la segunda semana de protestas arrancó el domingo 3 de marzo, con una marcha que partió en el hemiciclo a Juárez, donde, al atardecer, los normalistas encendieron antorchas con los rostros de sus compañeros y con ellas avanzaron de regreso al plantón.
Al día siguiente, el lunes 4, acudieron al Centro Nacional de Arraigos de la Fiscalía General de la República, ubicado sobre el eje 3 sur, en la colonia Doctores, donde se llevan a cabo las investigaciones del caso; demandaron de una reunión con el fiscal especial del caso Iguala, Rosendo Gómez Piedra, quien no los recibió.
El hartazgo de no ser recibidos provocó que el nivel de respuesta aumentara y un camión de carga fue abatido contra la puerta del lugar, dejando un mensaje claro a las autoridades: si las puertas son cerradas, serán derribadas.
El martes 5, el Antimonumeto +43 fue la sede de un mitin en el que reiteraron su demanda central, reunirse con el presidente López Obrador, bloqueando las avenidas que se interceptan en esa esquina de paseo de la Reforma y realizando pintas en los alrededores.
La mañana del miércoles 6, la noticia comenzó a circular en todos los medios de comunicación y un vídeo se difundía de forma viral en redes sociales: una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad había usada como ariete para echar abajo una de las puertas del Palacio Nacional.
En su último día de plantón en la capital, los normalistas decidieron accionar «contra los muros de la impunidad» mientras el presidente López Obrador, sostenía su conferencia de prensa matutina, a la que las madres y padres de los 43 exigían ingresar.
Otra puerta cerrada, otra puerta derribada. En la calle de Moneda, con polvo de extintor y gas pimienta, la policía militar repelió a los manifestantes, que además lograron romper algunos cristales del edificio.
El mandatario reprobó los hechos y de nuevo arremetió contra los defensores de derechos humanos que acompañan la lucha del comité de madres y padres:
“Los va atender el subsecretario de Gobernación, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos Humanos es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación”
En posteriores declaraciones, el presidente planteó la posibilidad de que quienes derribaron la puerta en realidad eran «mercenarios» o «porros».
Ese mismo argumento fue usado por sus simpatizantes, que en redes sociales criticaron el acto e incluso lo calificaron de haber sido orquestado por la oposición como parte del contexto electoral.
El día de hoy, López Obrador anunció que luego de la irrupción en Palacio Nacional, aceptaría un diálogo con las madres y padres de los normalistas desaparecidos, sin embargo, los condicionó a asistir sin compañía de sus asesores y abogados:
“Claro que va a haber diálogo con los padres pero necesitamos ponernos de acuerdo con los padres. Yo quiero hablar con los papás, con las mamás de los jóvenes. No me dan confianza los intermediarios”
En conferencia de prensa, las madres y padres le respondieron al presidente, en palabras de Emiliano Navarrete:
“Y desde aquí le decimos que si piensa que sólo nos va a dar la reunión a los padres y madres está equivocado. Nosotros no vamos a aceptar que nos condicione, jamás. Los abogados han sido fundamentales para nuestra lucha y gracias a ellos el gobierno anterior, el de Peña Nieto, no cerró el caso. Él como mandatario, quiera o no, tiene que darnos la cara porque él es obligado. Esa es nuestra postura y de ahí no nos movemos”
Aseguraron que están a la espera de que el presidente les dé la fecha para esa reunión, de lo contrario, volverán a la Ciudad de México para buscarlo. Así mismo manifestaron que su movimiento no se arrodilla ante ningún gobierno y que llevarán la lucha hasta sus últimas consecuencias.
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