Ciudad de México.- Este lunes en la Asamblea Constituyente llegó el turno de discutir la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de asociación, así como el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.
De tan alto impacto son estos temas que al secretario de la Comisión Carta de Derechos, donde se dictaminará al respecto, Carlos Gelista, le tomó dos horas y siete minutos leer el compendio de todas las iniciativas de diputados constituyentes y propuestas ciudadanas presentadas.
Estos derechos y libertades vienen considerados en el artículo 12 del proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno, que hablan de una ciudad democrática.
En la Comisión, diputados de todos los partidos realizaron una suerte de audiencia pública para explicar las iniciativas que ellos o compañeros de sus bancadas presentaron en días pasados.
Teresa Gómez Mont, del PAN, consideró que en la futura Constitución deben quedar claramente garantizados los derechos de los comunicadores, pero expuso que sería un error establecer únicamente que los beneficiarios serán periodistas, ya que el término resulta limitativo. Defendió la redacción del proyecto, que habla de las personas profesionales de la información, pues ese concepto abarca también a fotógrafos, camarógrafos, auxiliares y una amplia categoría de personas que laboran en medios de comunicación.
Jesús Ramírez, de Morena, propuso que el acceso al espectro radioeléctrico y a las tecnologías de la información debe establecerse como un derecho humano, pues ello facilitaría que en la Ciudad grupos de población como los indígenas puedan generar sus propios medios de comunicación electrónicos.
Sobre los derechos de los trabajadores de la información, dijo que en la Constitución debe reconocerse ese trabajo como una labor social, más que un empleo, y planteó la prohibición al despido de los comunicadores cuando se nieguen a firmar con su nombre una nota que en sus redacciones o jefes de información les obliguen a redactar.
Dijo que en su bancada están en contra de la criminalización de la protesta social, pues es un elemento central de la democracia y no debe ser reglamentada. El derecho a la protesta social fue motivo de desencuentro durante la reunión de esta comisión.
Mariana Gómez del Campo, del PAN, recordó que su bancada inscribió una iniciativa a través de la cual se plantea que los promotores de una marcha o protesta tengan la obligación de dar aviso a las autoridades capitalinas 48 horas antes, sobre la realización de ese evento; con esa notificación, dijo, el gobierno de la ciudad deberá informar a la ciudadanía que en tal fecha y hora se llevará a cabo un acto de protesta social.
Gómez del Campo dijo que en la propuesta se impondrá la obligación a la Comisión de Derechos Humanos de acompañar a los manifestantes, para dar cuenta que durante la protesta se les garantizan sus derechos.
Aclaró que su partido no está en contra de las manifestaciones, ni pretende criminalizarlas, pero consideró que deben existir mecanismos para salvaguardar derechos de terceros como el libre tránsito, lo que impone la necesidad de establecer lineamientos para ordenar las marchas y protestas en esta Ciudad, que generan pérdidas a prestadores de servicios por 90 millones de pesos al día.
Roberto López, se pronunció de inmediato en contra del planteamiento del PAN. Al destacar que 85 por ciento de las marchas en esta ciudad tienen relación con protestas de orden federal, expuso que obligar a los manifestantes a dar aviso a las autoridades sobre su evento, restringe la libertad de manifestación y vulnera los derechos de quienes de manera espontánea decidan oponerse a un hecho especifico.
Agregó que en la futura Constitución local tiene que quedar fuera toda posibilidad de criminalizar la protesta social, es decir, que con su aplicación se deroguen delitos como el de ataques a la paz pública que hoy se encuentra en el artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México.
Durante la reunión, la diputada constituyente del Movimiento Ciudadano, Esthela Damián, dio voz a profesionales de información en la Comisión Carta de Derechos, en donde presentó una propuesta ciudadana redactada por ellos, la cual establecen derechos de los periodistas.
Al hablar de este documento, la diputada del Movimiento Ciudadano dijo que en la propuesta se busca eliminar toda forma de censura.
Se plantea que no puede coartarse la libertad de emitir opiniones y se prohíbe la censura previa de los contenidos o espacios de opinión.
“Esa propuesta evita que la libertad de expresión se convierta en algo lejano a su intención y se utilice indiscriminadamente para perjudicar sin fundamento a cualquier persona, sobre todo si tal perjuicio proviene de empresas poderosas de medios de comunicación”, agregó Damián.
Ante los integrantes de la Comisión Carta de Derechos, explicó que dejaba sobre la mesa ese documento y que sólo lo transmitía al resto de los diputados, pues la construcción de esta propuesta corrió a cargo de los comunicadores.
Paradójicamente hoy, en medio de la discusión sobre derecho a la información, fue cuando resultó más difícil acceder a la reunión de la Comisión Carta de Derechos.
Contrario a días pasados, cuando el trabajo de los legisladores se realizó en el Palacio de Minería, los diputados se reunieron este lunes en el Salón Luis Donaldo Colosio de la antigua sede del Senado de la República.
Como ha ocurrido en cada sesión de la Comisión Carta de Derechos, el espacio destinado a los trabajos se satura con legisladores, asesores y representantes de medios de comunicación, y este día no fue la excepción.
El problema es que en la antigua sede del Senado el personal de seguridad tiene rígidos protocolos de actuación, y entre ellos está el de prohibir el acceso al Salón Colosio cuando el lugar se encuentre lleno y, como la saturación del espacio ocurrió de inmediato, mucha gente que a lo largo de los días ha seguido las discusiones de la Comisión Carta de Derechos hoy no pudo ingresar o lo hizo a regañadientes y bajo condiciones estrictas de los elementos de resguardo.
Del cambio de sede para los trabajos de esa Comisión dio cuenta el propio personal de resguardo. Fue a petición de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que los trabajos se trasladaron a la antigua sede del Senado, bajo el argumento de la diputada de que en las instalaciones del Palacio de Minería las condiciones para sesionar y de accesibilidad son malas, además de que hace mucho frío.
Los subsidios y programas sociales
Los programas sociales y los subsidios que alimentan a estos, fueron tema de debate en la Comisión de Principios Generales de la Asamblea Constituyente, donde la discusión enfrentó posturas entre el PRD y Nueva Alianza.
La pauta de la polémica la marcó el aliancista Gabriel Quadri, quien acusó el uso de los programas en esta Ciudad con fines clientelares.
Consideró que los subsidios deben tener sus propios mecanismos de financiamiento, que sean transparentes y viables a largo plazo, además de establecer para cada subsidio un candado para evitar el fondeo a clientelas.
Expuso que los recursos son finitos y, mientras más dinero público se destine a financiar programas sociales, menos habrá para realizar inversiones públicas. Agregó que la deuda pública debe quedar garantizada para su uso exclusivo de inversión pública física, infraestructura y equipamiento, no para los programas sociales.
La discusión surgió cuando los legisladores constituyentes hablaban sobre el artículo 26 del proyecto del Jefe de Gobierno, relacionado con el pacto fiscal, la coordinación fiscal, los ingresos de la hacienda pública local, así como la forma en que se aplicarán los egresos.
Vinieron las preguntas obligadas, sobre quién paga, qué se paga y el destino que se le da a esos pagos.
Frente a los señalamientos de Quadri, el constituyente del PRD Miguel Ángel Velázquez, calificó de peligrosa la visión profundamente neoliberal del de Nueva Alianza, al acusar que se fija una postura sobre los programas sociales sin analizar siquiera lo que ocurren con la población beneficiaria de esos apoyos.
El perredista aseguró que los programas sociales son una red contra la violencia “querámoslo o no, entendámoslo o no”. Cuestionó el fin último de tener calles embellecidas, sin baches o alumbrado público, si a la vuelta de la esquina alguien nos asaltará.
Pero Quadri no se quedó callado, le reviró al del PRD. “Una cosa son los bienes públicos, los servicios públicos, como la educación, la salud, el transporte de calidad o la vivienda de interés social y otra cosa son los subsidios clientelares que se entregan de manera directa. Nada tiene que ver la violencia con la entrega de subsidios, eso perdón, pero es falaz, la pobreza tampoco tiene que ver con la violencia”, dijo.
Arreció entonces su crítica a la pretensión de legalizar al comercio informal, pues en los hechos es legitimar mecanismos clientelistas que han permitido la ocupación de la vía pública por parte de esos comerciantes.
Le respondió Porfirio Muñoz Ledo, integrantes del equipo redactor del Jefe de Gobierno y diputado constituyente designado por el mandatario capitalino.
Risueño, Muñoz Ledo le pidió a Quadri que no utilice la palabra falaz, porque un amigo se molesta con la misma, y miró de reojo al de Morena, Jaime Cárdenas, quien hace unas semanas por poco y llega a los golpes con el constituyente del PVEM, Alejandro Bustos, luego de que este último calificó sus argumentos de falaces.
Porfirio dijo que en el proyecto de Constitución queda claramente prohibida toda la práctica clientelar en la prestación de servicios públicos y de programas sociales, exigible judicialmente. Sobre los derechos al comercio en vía pública dijo que se llevará al plano de la legalidad a los informales, pero serán ellos quienes pagarán a la hacienda pública un impuesto por el uso del espacio que ocupan, así como un fondo de pensión diseñado para ellos.
Firman convenio
Este lunes la Asamblea Constituyente firmó un esperado convenio con la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) por el cual se establece el manejo de 20 millones de pesos que componen el presupuesto del órgano legislativo encargado de construir la Constitución local.
El convenio señala que la ALDF aportará los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento del objetivo, además, de llevar a cabo la difusión que permita dar a conocer los trabajos de la Constituyente.
Por su parte, los constituyentes tendrán la obligación de acreditar a sus diputados, asesores y personal estrictamente necesario con funciones específicas que sea requerido en los trabajos de la Asamblea, ante la ALDF.
Pero la parte más importante del convenio establece que la ALDF abrirá una cuenta bancaria con los 20 millones de pesos que el gobierno de la Ciudad destinará para el presupuesto operativo de la Constituyente.
Durante la firma del convenio, celebrado en instalaciones de la ALDF, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Constituyente, recordó que una vez promulgada la primera constitución CDMX, el 5 de febrero del 2017, la Asamblea Legislativa tendrá una enorme carga de trabajo, ya que deberá construir el entramado constitucional legislativo básico para la implementación de las reformas que se deriven de la Constitución local.
"Hay que avanzar en la nueva Ley Orgánica de la Administración de la CDMX; crear una nueva ley de Alcaldías y reformar la legislación electoral. Después de concluir los trabajos de la Asamblea Constituyente podemos coadyuvar con la Asamblea Legislativa para dotar de certidumbre las leyes”, le dijo Alejandro Encinas a Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF.
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