En el Poder Judicial se notan ya los estragos estos últimos cinco años. Particularmente en la Suprema Corte se percibieron los vendavales cada vez que las resoluciones no fueron del agrado de Palacio Nacional.
Poco quedó del compromiso que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo el 8 de agosto de 2018 cuando recibió la constancia de su triunfo en el Tribunal Electoral:
“En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”.
Eso no duró, porque desde diciembre se empezó a operar para debilitar al Poder Judicial y así someterlo a las determinaciones presidenciales. En las prisas de la 4T, los contrapoderes son un obstáculo, y más aún cuando funcionan como una suerte de dique a decisiones arbitrarias o contrarias a la legalidad.
Pero quizá la renuncia más nítida de aquellos postulados, los de garantizar la independencia judicial, sea la designación de Lenia Batres como ministra. Rechazada en el Senado, se convirtió en la primera integrante del Pleno que no contó con el respaldo legislativo para acceder a una de las posiciones más relevantes del sistema jurídico.
La nueva ministra reniega del papel central que la Constitución le otorga a la Suprema Corte y que es el de protegerla de decisiones, entre ellas las legislativas, que la vulneren.
Batres es la punta de lanza de lo que será la Corte en el futuro, si los planes de López Obrador no son atajados por la voluntad ciudadana que se expresará en las urnas en junio próximo.
Con Batres, lo que se busca es una alineación partidista, no una discusión legal y mucho menos constitucional.
Será interesante el leer con cuidado los proyecto que la ministra presente al Pleno en su momento. Muchos temas son de una alta complejidad jurídica y en la que no existe espacio para la proclama.
En mundo en blanco y negro de las mañanas presidenciales no suele aplicar en la ponderación sobre la ley o, inclusive, de las que se contraponen y hay que encontrar la solución que se apeguen a la Constitución.
Quizá ahí radicará el mayor daño, si la ministra no se acompaña de personal profesional en su ponencia, ya que puede significar la posposición de la justicia o su negación. Para los grandes temas, los que son del interés presidencial, ya sabemos cómo votará, la inquietud está en todo lo demás y que no es poco y suele cambiar la vida de las personas.
Batres tendrá que debatir con sus pares, presentando argumentos y sosteniéndolos con evidencias. La perorata populista es poco eficaz a la hora de asumir que la ley sí es la ley.
Imprimir artículo
