Siete días han pasado desde que un agente de la policía estatal de Guerrero asesinó a Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En una semana, la versión que las autoridades intentaron imponer y que criminalizaba a los estudiantes ha quedado totalmente desmentida; a pesar de que dos de los policías implicados hoy enfrentan su primera audiencia, el principal perpetrador del crimen se encuentra prófugo.
La noche del pasado miércoles 7, tres estudiantes transitaban de Tixtla a Chilpancingo cuando fueron atacados por un grupo de policías estatales, uno de los jóvenes, Yanqui, de 23 años, recibió un disparo en la cabeza que le arrebató la vida.
El joven cursaba el cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primara en la normal de Ayotzinapa y un día antes de ser asesinado, participó en la protesta al exterior de Palacio Nacional que logró derribar una de las puertas de la calle de Moneda, en el centro histórico de la Capital, culminando dos semanas de lucha en exigencia de un diálogo con el presidente López Obrador.
El asesinato de Yanqui, obligó a los normalistas de Ayotzinapa a reactivar las movilizaciones: esa noche ardieron patrullas en Chilpancingo, ciudad que a lo largo de esta semana ha sido el epicentro de fuertes protestas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Las que más han trascendido en los medios de comunicación, fueron las del sábado 9, cuando normalistas retuvieron a elementos de la Guardia Nacional e incendiaron dos de sus vehículos, para posteriormente liberarlos; y la del martes 12, día en que se dio a conocer la fuga del policía que disparó a Yanqui y la Fiscalía de Guerrero fue asediado en respuesta, dejando una decena de autos en llamas y algunos policías heridos.
Además de sus manifestaciones, los normalistas también dieron el último adiós a su compañero caído con una marcha en Tixtla donde participaron alrededor de 300 personas así como una banda de guerra y la rondalla de Ayotzinapa.
Ayer, durante un mitin y acto de memoria en el lugar donde Yanqui fue asesinado, su madre, Lilia Gómez, exigió la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado, del Secretario General de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de Rolando Solano Rivera, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como de otros funcionarios que participaron en la criminalización de su hijo. También se refirió a los policías implicados en la muerte de Yanqui:
«Quiero que se les castigue a cadena perpetua y que eso sea para todos los delincuentes y asesinos.»
Las contradicciones y complicidad de las autoridades.
La primera información difundida por las autoridades tras conocerse los hechos del 7 de marzo, refería que los estudiantes viajaban en un vehículo con reporte de robo cuando los policías les marcaron el alto en un control vehicular en el libramiento de Tixtla; según esta versión, los jóvenes no se detuvieron y dispararon contra los uniformados, que al repeler la supuesta agresión, mataron al conductor. Al poco tiempo, difundieron imágenes de objetos encontrados al interior del vehículo entre los que se encontraban una pistola, drogas y alcohol. Uno de los estudiantes fue detenido.
Esta versión fue rechazada por el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia ‘Minerva Bello’, Filiberto Vázquez quien denunció que las autoridades intentaban criminalizar a los estudiantes para justificar el crimen cometido por los policías; un tercer estudiante presente durante el ataque logró escapar y contar lo sucedido esa noche.
Los estudiantes salieron de la normal con destino a la terminal de autobuses para recoger a unas compañeras, al detenerse un una tienda para comprar cigarrillos, los muchachos fueron abordados y agredidos por los policías quienes abrieron fuego contra el vehículo cuando Yanqui, asustado, intentó escapar pero fue alcanzado por una bala y murió cerca de la media noche en un hospital.
El estudiante que fue detenido, identificado como Osiel, denunció haber sido llevado a un lugar alejado del sitio del ataque, donde recibió maltratos físicos durante un interrogatorio ilegal.
En entrevista con Grupo Fórmula, Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas, aseguró que los policías presionaron a Osiel para que se declarara culpable de portar armas y haberla accionado contra ellos.
Además explicó que desde el principio, la investigación ha estado repleta de irregularidades, como la ausencia de un arma larga que los policías portaban esa noche. Afirmó que Osiel fue privado de su libertad ilegalmente ya que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes horas más tarde de la detención.
Los resultados de los estudios periciales al cuerpo de Yanqui probaron que no se encontraba intoxicado al momento de su muerte, derribando por completo la versión de las autoridades.
Al lunes siguiente, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia de prensa matutina que en la muerte de Yanqui probablemente hubo abuso de autoridad, y descartó la información de la Fiscalía de Guerrero al admitir que los estudiantes no accionaron armas; también dio a conocer que la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones.
La fuga del policía asesino fue dada a conocer así por el mandatario al día siguiente:
“Muy lamentable, es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó, el policía. Se está haciendo la investigación, la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades… es parte de la descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. (…) Se presume que fue el que disparó”
Reconoció que fue gracias a complicidades en la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero que esto fue posible, pues ellos mantenían al policía bajo un arresto administrativo; por su parte, la Fiscalía General del Estado se deslindó de los hechos asegurando que nunca tuvo en custodia al ahora prófugo, identificado como David «N».
Los otros dos agentes implicados en el crimen, Sigifredo «N» y Francisco «N», que forman parte del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, se entregaron el día de ayer ante la FGR.
El día de hoy, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en Acapulco, se llevó a cabo la audiencia inicial de estos dos policías; su defensa confirmó que enfrentan cargos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Alrededor de 400 normalistas acudieron a la Zona Diamante del puerto para protestar durante la audiencia.
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