Ciudad de México.-El equipo de transición del presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad que busca reorientar el trabajo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
El plan destaca la creación de una Guardia Nacional de al menos 50 mil elementos que contaría a civiles entre sus filas que serían capacitados por el Ejército y la Marina Armada de México y que estarían bajo el mando directo del presidente.
Plan nacional de paz y seguridad plantea amnistía y la Guardia Nacional en un periodo de tres años, con elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal.
Con la modificación de los términos de la fracción XV del artículo 76 constitucional se propone conformar la Guardia como instrumento de prevención del delito, combate a la delincuencia en todo el país.
Los efectivos provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal; se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos.
Se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos.
La Guardia Nacional quedará encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas.
Los 50 mil reclutas recibirán formación y adiestramiento en planteles militares.
Además, desarrollará un programa integral para homologar los ingresos y las prestaciones sociales de policías, militares y marinos, y de sus familias.
El programa de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador refiere que a cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país, se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley.
La designación del número de elementos, personal especializado y recursos de investigación e inteligencia se realizará en función del número de habitantes y considerando la incidencia delictiva y las proyecciones de criminalidad.
En cada una de esas regiones la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango que asista a la reunión. Las coordinaciones estarán formadas por un representante del Gobierno Federal y uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un ministerio público y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como miembros voluntarios de la sociedad civil y autoridades locales y municipales.
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