¿Qué es el Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina 2023?

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El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria presentó el Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina (IGI-AMB LATAM 2023).

Se trata de un proyecto derivado de los estudios sobre impunidad global que desde 2014 realiza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Sus avances fueron presentados en el Foro de la Paz de París (Paris Peace Forum) en noviembre de 2021.

De acuerdo con la presentación de la UDLAP, es uno de los proyectos latinoamericanos seleccionados para participar en el Foro de la Paz, galardonado entre los 10 proyectos más destacados.

A través de 52 indicadores, el IGI-AMB LATAM 2023 mide niveles de impunidad ambiental en 33 países de América Latina enfatizando la existencia de capacidades institucionales y el funcionamiento de políticas públicas para proteger el medio ambiente y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

“El estudio de la impunidad ambiental representa un esfuerzo por operacionalizar los problemas de justicia ambiental y contribuir a la implementación de instrumentos globales y regionales desarrollados, como el reconocimiento de derecho humano al medio ambiente limpio, sano y sostenible, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el Acuerdo de Escazú, o los reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)”, señala la presentación.

“El IGI AMB LATAM 2023 arroja un resultado máximo de 64.76 y el mínimo de 46.09 puntos, mientras que el promedio se ubica en 54.86 puntos. Sólo 15 de los 33 países estudiados obtienen un resultado superior al promedio, por lo que el desempeño ambiental de los países latinoamericanos es intermedio y presenta desafíos tanto estructurales como funcionales para lograr los objetivos medioambientales que permitan a la región hacerle frente a la degradación ambiental y la crisis climática”, agrega.

De acuerdo con el nivel de Impunidad, se identifican tres grupos de países:

1) Impunidad Media Baja, casos que se ubican entre los 64.76 puntos del índice, el mejor nivel, y hasta 59.42.

Los países incluidos en este grupo son: Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, República Dominicana, Uruguay Bolivia, Perú, Nicaragua y Panamá.

2) Impunidad Media Alta desde 56.91 hasta 51.42.

Aquí se incluye a Venezuela, México, Dominica, El Salvador, Brasil, Cuba, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Guatemala, Bahamas y Barbados.

3) Impunidad Alta. Países con los más altos niveles de impunidad los aleja desde 50.68 y hasta 46.09, el punto más bajo de la escala.

En este grupo se encuentran: Honduras, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Paraguay, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam.

Debido a que los países de la región carecen de capacidades institucionales para enfrentar las amenazas por la crisis ambiental y climática, la población reciente altos niveles de riesgo y vulnerabilidad y es muy reducida la posibilidad de contener la degradación ambiental.

“Los países pequeños y con menores niveles de ingreso obtienen por lo general peores resultados en el Índice, lo cual está relacionado con la existencia de menores capacidades institucionales y programas de estrategia intergeneracional. Esto evidencia que estos países enfrentan mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad a pesar de que se caracterizan por una mínima contribución histórica y contemporánea a la emisión de gases de invernadero hacia la atmósfera”, precisa el Informe.

“Los países con mayores capacidades institucionales suelen estar mejor posicionados en los resultados del Índice y son por lo general países de mayor tamaño, población e ingreso. Sin embargo, muchos de estos países, como México, Brasil o Colombia, obtienen peores posiciones en las dimensiones de Degradación Ambiental y Crimen Ambiental, lo cual advierte que la existencia de mayores capacidades no se está traduciendo en un funcionamiento efectivo de la política ambiental o la capacidad real para proteger derechos ambientales de la población”.

Al respecto, el Informe destaca la desigual e inconsistente información pública en materia ambiental que impide incorporar indicadores para todos los países y medir con precisión comparada el desempeño de cada nación.

El Informe recomienda generar reportes nacionales oficiales de información sobre:

1) instrumentos y resultados de seguridad, justicia y derechos humanos ambientales;

2) víctimas, conflictos socioambientales y migración relacionada con degradación ambiental y efectos del cambio climático con énfasis en los grupos indígenas;

3) incidencia de delitos ambientales y violaciones a derechos humanos ambientales;

4) capacidades institucionales y recursos disponibles para atender específicamente la problemática del sector ambiental.

Ello, permitirá desagregar la información e identificar problemáticas de comunidades locales, pueblos indígenas, población urbana y rural y con perspectiva de género.

Propone crear un Censo Latinoamericano de política, capacidad institucional, justicia y protección socioambiental que, “a partir de criterios y metodologías comunes para la región, permita dar seguimiento puntual y actualizado a los procesos de toma de decisiones relacionados con la protección ambiental y el disfrute del derecho a un medio ambiente saludable, limpio y sostenible. Este censo tendría que entenderse como una obligación común para los países de la región y una precondición para el cumplimiento de los derechos ambientales reconocidos, los compromisos climáticos y ambientales adquiridos a través de la ratificación de tratados internacionales y la operacionalización de los principios del Acuerdo de Escazú”.

“La Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso de contribuir con análisis rigurosos y recomendaciones para el cambio institucional y la reformulación de políticas públicas, de tal forma que las actuales y futuras generaciones puedan aspirar a una vida más plena, democrática y sostenible. Es un motivo especial de orgullo que los estudiantes de esta institución participen activamente en la investigación y análisis de los diferentes reportes que conforman el proyecto Índice Global de Impunidad, lo cual demuestra nuestra vocación y compromiso con la educación y la investigación de excelencia”, concluye.

En la coordinación del Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina 2023, participaron Celeste Cedillo González Profesora-investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP; Juan Antonio Le Clercq Ortega, Profesor-investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y Director del APII; y Azucena Chaidez Montenegro, Socia-consultora SIMO Consulting.

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