Ciudad de México.-El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aseguró que la presente administración transparentará todo lo relacionado con el manejo, funcionamiento y recursos existentes en el Fondo para el Taxi, donde se deposita la contraprestación de empresas como Uber y Cabify, además de la regulación que el propio gobierno local impone a esas plataformas dedicadas a prestar el servicio de transporte privado.
“Vamos a transparentar absolutamente todo lo que tiene que ver con ese fideicomiso así como hemos hecho en otros casos; es decir, sí vamos a hacer la revisión documental completa, no sólo es una cifra, sino es realmente cómo fue el mecanismo y qué fue lo que sucedió.
“Lo mismo va a pasar con el resto de las reglas y la información que estas plataformas dieron a la autoridad. Sabemos que hubo problemas básicos de supervisión y de cuál es la información que se comparte. Entonces evidentemente la relación con las empresas empieza por garantizar la calidad de la información”, dijo hoy en conferencia el titular de la Semovi.
Las irregularidades en el Fondo para el Taxi y en la laxa regulación a esas plataformas fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en una revisión a la cuenta pública de 2017.
Los resultados de esa auditoría, la ASCM/1517, revelaron que durante la anterior administración la Semovi actuó con pasividad, ineficacia y negligencia para poner en orden a esos servicios de transporte privado.
Entre los resultados de esa revisión, el organismo auditor detectó que para el 31 de diciembre de 2017 se habían recaudado 192 millones 552 mil pesos como contraprestación que entregaron las dos empresas operadoras de las aplicaciones móviles. Uber México aportó 112 millones 96 mil pesos, mientras que Cabify México reportó 80.4 millones.
Sin embargo y por lo menos hasta octubre de 2018 todo ese dinero había permanecido en el Fondo, sin ser asignado al propósito de modernizar el transporte público, como en su momento lo presumieron las autoridades capitalinas.
Las irregularidades no pararon ahí, pues la Semovi reportó que en 2017 contó con un padrón vehicular de 4 mil 960 vehículos registrados y operando, sin embargo, no acreditó la expedición de los permisos anuales otorgados a las empresas referidas.
Además, la Auditoría Superior constató que la Semovi efectuó el registro y validación vehicular con procesos digitales; pero aun cuando informó que emitió una convocatoria para validación vehicular, ésta fue en 2016, no en 2017.
También informó que en 2017 validó 5 mil 128 vehículos pertenecientes a la empresa Uber México, pero no acreditó haber emitido convocatoria, ni proporcionó evidencia documental del otorgamiento de la constancia de declaratoria anual de estado físico-mecánico y seguridad de identidad del vehículo.
El órgano fiscalizador detectó que la Secretaría de Movilidad no contó con estructura orgánica para el registro y control de las aportaciones derivadas de los servicios de transporte privado solicitadas por plataformas virtuales; no acreditó haber aperturado cuenta bancaria para las aportaciones de la empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., y tampoco proporcionó documentación que hubiese generado en 2017 respecto al control contable y financiero de las operaciones del fideicomiso del Fondo.
Durante una conferencia de prensa en la que participó hoy junto a la jefa de Gobierno, se le preguntó a Andrés Lajous respecto a ese resultado de auditoría y como se solventarán las fallas.
“Es muy importante que estas plataformas que operan ese tipo de servicios también entreguen la información real de su operación y así se los haremos saber más adelante cuando anunciemos todo lo que vamos a hacer en ese caso”, respondió el funcionario.
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