Ciudad de México.- Ante la insistencia de activistas en pro de los derechos de la mujer, de llevar a proceso a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el ex dirigente del PRI capitalino presentó un amparo donde demandó a 107 autoridades, por la supuesta orden de aprehensión su contra, sin embargo, se lo negaron.
El 17 de octubre, Gutiérrez de la Torre presentó el juicio de garantías 900/2016 ante el Juez Octavo de Distrito de Amparo Penal, por supuestos actos privativos de la libertad, entre ellos, la orden de presentación o aprehensión, pero el amparo le fue negado ante la inexistencia de la supuesta orden contra el priísta.
El impartidor de justicia dio entrada a la demanda, y otorgó la suspensión provisional del acto reclamado al Juez Primero Penal de la Ciudad de México, además que le impuso una caución de 23 mil 500 pesos, y los convocó para el próximo 25 de este mes para la audiencia incidental.
En su demanda, la defensa de Gutierreéz de la Torre no precisó si la presunta orden de aprehensión estaba relacionada con el tema de lenocinio y delincuencia organizada que se le imputaba, y por el cual fue denunciado e investigado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Fuentes ministeriales aseguraron que no hay ninguna investigación pendiente en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez, por lo menos en la PGJCDMX, en consecuencia no se ha solicitado ninguna orden detenerlo, pues todas las actuaciones realizadas ya concluyeron por el amparo que le otorgó el Juez Decimocuarto de Amparo Penal.
En su momento, ante la insistencia de las víctimas para que la PGR se hiciera cargo de las investigaciones, la dependencia federal argumentó que “los miembros de un partido político no pueden formar parte de la delincuencia organizada”, esto al deslindarse de las investigaciones sobre Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de personas, lenocinio y delincuencias organizada.
“Respecto a esta denuncia, el día el 22 de mayo de 2014 la SEIDO determinó no ser competente para conocer de los hechos denunciados, alegando que los miembros de un partido político no pueden formar parte de la delincuencia organizada, y que por tanto, la instancia competente para conocer del caso era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante PGJDF)”, fue uno de los alegatos en la sentencia del Noveno Tribunal colegiado quien le tocó conocer de la revisión presentada por las afectadas.
La activista, Tere Ulloa, quien representa a las tres supuestas víctimas del político, es la encargada de interponer y dar seguimiento a los amparos en contra de las determinaciones de la PGR y la PGJDF, esta última por decretar el no ejercicio de la acción penal a favor del ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Distrito Federal, en el caso de trata de personas y lenocinio.
Las víctimas pretenden que la justicia federal las ampare en contra de la determinación de la PGJDF quien se desistió de proceder penalmente en contra del político, y la PGR quien se negó a dar entrada a las investigaciones, ya que se trataba de delitos del fuero común.
Por ello, se presume que el político priísta tiene la sospecha de que todavía haya órdenes de aprehensión en su contra, y que lo pueden privar de la libertad, por ello, promovió un nuevo amparo, el que fue negado ante la inexistencia del acto reclamado.
