Ciudad de México.-Durante lustros en el Centro Histórico se ha registrado una sistemática violación de usos de suelo y de la zonificación, lo que ha propiciado la existencia de decenas de plazas comerciales ilegales. Ninguna autoridad capitalina se hace cargo de resolver el problema, al argumentar que lo desconocen, como la Seduvi; deslindarse de la responsabilidad, como el Invea, o de plano guardar un ominoso silencio, como la alcaldía de Cuauhtémoc.
Ese mutismo ha sido conveniente para el desarrollo de prolíficos negocios, con locales de venta de ropa que parecieran operar bajo la ley, aunque atrás de esa prosperidad se esconden historias de apropiación de predios bajo amenazas, engaños, despojos y desalojos.
Pablo Gutiérrez, vecino de la calle Leona Vicario, se ha encargado por años de documentar y de presentar ante distintas autoridades queja tras queja sobre la existencia y proliferación de esas plazas comerciales que, en algunos casos, han dañado edificios catalogados con valor histórico o patrimonial.
Un ejemplo de lo anterior es el inmueble que alguna vez fue el Colegio de Inditas, en la calle de San Antonio Tomatlán 10, un sitio donde en el siglo XIX se brindaba educación a niñas de origen indígena, pero hoy se vende ropa deportiva para dama. De la añeja estructura sólo quedan como vestigio unos altos portales que ahora sirven para marcar la división entre locales comerciales.
Pablo Gutiérrez vive en el corazón de la zona oriente del Centro Histórico donde proliferan esas plazas. Una de ellas se edificó a espaldas de su propia vivienda y lo que antes era una vecindad ahora es un edificio de cinco niveles en el que opera el bazar de Rodríguez Puebla número 35.
“Supuestamente ese bazar está clausurado, porque viola el uso de suelo que es habitacional, y mire”, ataja el vecino durante un recorrido por algunas de esas plazas comerciales, en donde Capital CDMX pudo constatar la operación de las mismas y los giros comerciales que ahí existen.
Al vivir en la zona y documentar la proliferación de esas plazas, Pablo Gutiérrez ubica a los “empresario” que, dice, están atrás de esa apropiación de predios en el Centro. Sin tapujos, el vecino los señala con nombres y apellidos: son hidalguenses, de un pueblo lechero llamado Zoquizoquipan.
Refiere que después del terremoto de 1985, cuando se acentuó el despoblamiento del Centro, aunado a fenómenos como el de las rentas congeladas, los dueños originales abandonaron o descuidaron sus propiedades; en ese escenario, a los inquilinos u ocupantes de los inmuebles les llegaban ofrecimientos de dinero para que se salieran y si no aceptaban entonces la desocupación se daba por la fuerza.
Los nuevos ocupantes, detalla el vecino, sobornaban a autoridades capitalinas en los distintos niveles de gobierno, desde la administración central hasta la delegación, para que hicieran caso omiso de la nueva obra.
Para este denunciante, había sobornos incluso a autoridades del INAH, pues de otra manera no se podría explicar cómo es que se pudieron construir plazas comerciales en algunos lugares que estaban catalogados como sitios de valor histórico o patrimonial.
Ese es el modus operandi y para Pablo Gutiérrez esa la forma de operar de una mafia “y los nombres de esas personas son Jorge Pérez Torres, Miguel Ángel Torres Mejía, Crisóforo Torres Mejía, así como Gabriel Acosta Solís”, señala.
Responde la PAOT
Las acusaciones de este vecino no han quedado en dichos. En marzo de 2014 acudió a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) para denunciar la existencia de esas plazas, empezando por la que se encuentra atrás de su propia vivienda, en la calle de Rodríguez Puebla 35.
Pablo Gutiérrez, lamenta que la PAOT sea la única autoridad que haya respondido, aunque sus resoluciones exhortando a otras autoridades cayeron en oídos sordos.
De entrada, en el expediente PAOT-2014-540-SOT-269, esa Procuraduría resolvió que en el caso de la plaza de Rodríguez Puebla 35 la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la Seduvi informó que no contaba con antecedentes de dictamen ni opinión técnica para dicho inmueble, además de que ese predio colinda con el de Leona Vicario número 68, considerado con valor histórico por parte del INAH y de valor urbano arquitectónico por parte de la misma Seduvi.
La PAOT resolvió que en la edificación de esa plaza comercial existió incumplimiento al Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y del Programa de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc en materia de zonificación, al violar los niveles permitidos. Así la PAOT resolvió que le correspondía al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) iniciar un procedimiento administrativo por los cinco niveles construidos y en materia de uso de suelo. El Instituto nada hizo y la prueba está en que el bazar ahí instalado opera con normalidad.
La entonces delegación, hoy alcaldía de Cuauhtémoc, nada hizo tampoco, a pesar de que la PAOT comprobó que existieron incumplimientos en materia de construcciones, al no haberse tramitado el registro de Manifestación de Construcción correspondiente para la ejecución de las obras señaladas.
Para el vecino Pablo Gutiérrez lo anterior demuestra que autoridades de la delegación Cuauhtémoc en diferentes periodos estuvieron coludidas para actuar por omisión, y entre ellas señala al que fuera titular de la demarcación, Ricardo Monreal, pues él y sus subalternos estuvieron enterados del caso pero nunca actuaron.
Documenta 30 plazas
El bazar de la calle Rodríguez Puebla es sólo la punta del iceberg, ya que a partir de 2014 Pablo Gutiérrez encontró que sería a través de la PAOT como dejaría al descubierto la existencia de otros bazares y plazas donde se repite el mismo esquema de ilegalidad y la inacción de las autoridades para atender el problema.
En mayo de 2018 y derivado de sus múltiples quejas, logró que la PAOT presionara a la entonces directora general de Jurídico y Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, para que realizara las acciones administrativas correspondientes a fin de atender la problemática que derivaba de la operación de hasta 30 plazas irregulares.
En el oficio PAOT-05-300/300-004189-2018, el entonces subprocurador de la PAOT, Emigdio Roa, le recordó a Huidobro sobre la existencia de 30 resoluciones administrativas relacionadas con igual numero de predios donde se concluyó que los inmuebles edificados o en proceso de ampliación se ocupaban como plazas comerciales, pero no contaban con registro de Manifestación de Construcción e incumplían con las obligaciones para el legal funcionamiento de establecimiento mercantil.
También le subrayó que “la persona denunciante -Pablo Gutiérrez- manifiesta que los inmuebles referidos continúan operando de manera regular y que dentro de esas plazas comerciales se encuentran establecimientos mercantiles de diversos giros, entre los que imperan la venta de ropa, bodegas y estacionamientos”, se lee en el oficio del subprocurador.
Las 30 plazas ilegales que el funcionario de la PAOT señaló en ese oficio son: Manuel Doblado 73, Rodríguez Puebla 35, Florida 7, José Joaquín Herrera 82, República de Colombia 77 y 86, República de Venezuela 123, Leona Vicario 45, Rodríguez Puebla 19, Manuel Doblado 34, Peña y Peña 39, San Antonio Tomatlán 10 (el Colegio de Inditas), Miguel Alemán 4, Leona Vicario 41, 48 y 10; de nuevo Rodríguez Puebla 35, Lecumberri 17 y 29, Peña y Peña 51, Manuel Doblado 87 y 91; Venezuela 118 y 48, Rodríguez Puebla 17, Lecumberri 40, Bolivia 66, Leona Vicario 47, Manuel Doblado 113, así como Miguel Alemán 14.
Incluso en ese oficio del subprocurador se desprende que la PAOT le tuvo que corregir la plana a la entonces directora de Jurídico, Zuleyma Huidobro y dejó en evidencia la omisión de esa autoridad.
En el predio de San Antonio Tomatlán 10, por ejemplo, donde hoy funciona el centro comercial “Damas Plaza”, la PAOT le pidió en mayo de 2018 a la Dirección Jurídica de la delegación que realizará una visita de verificación, lo que la demarcación no había hecho.
Otro caso es del de Miguel Alemán 14, donde la delegación no impuso sanción alguna pues consideró que las obras de construcción que se realizaban no contravenían el Reglamento de Construcciones, pero la Procuraduría determinó que sí se contravenía el Reglamento y le exigió a la autoridad delegacional que realizara una nueva visita de verificación.
Con esta información Capital CDMX pidió la versión de la Seduvi, donde argumentaron que no tenían respuesta pues no conocían de los casos señalados y remitieron a este reportero al Invea. En ese Instituto dijeron que no tienen competencia, aún cuando hayan recibido anteriormente esos casos, y alegaron que todos estos procedimientos son materia de la alcaldía de Cuauhtémoc.
En la alcaldía de Cuauhtémoc a cargo de Néstor Núñez, ni siquiera respondieron a la solicitud de entrevista.
Por lo pronto, el vecino Pablo Gutiérrez dice que tiene listo un recurso de amparo, el cual interpondrá contra distintas autoridades capitalinas y la alcaldía de Cuauhtémoc, por la falta de respuesta a sus quejas.
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