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El fin del refugio de los periodistas en México

Ciudad de México.- A las 14 horas de un viernes, el fotógrafo Rubén Espinosa, mandó un mensaje a su familia para avisar que estaba bien.

Llevaba dos meses a salto de mata tras amenazas de muerte en el estado de Veracruz y vivía en la Ciudad de México, entonces la “ciudad refugio” para los periodistas en riesgo.

La mañana del 1 de agosto de 2015, los capitalinos despertaron con la noticia de un brutal crimen en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez.

Con el paso de las horas se confirmó que una de las víctimas era el fotoperiodista de Proceso, quien fue hallado muerto junto con cuatro cuatro personas en un departamento.

El slogan de ciudad refugio de la CdMx se vino abajo al ver a Espinosa con un golpe en la cara y dos impactos de bala.

Tras el artero crimen, Artículo 19 dijo que que el homicidio de Espinosa marcaba un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México. “Es la primera vez que un periodista desplazado internamente es asesinado en el Distrito Federal.

“Artículo 19 ve con suma preocupación que la Ciudad de México deje de ser el refugio seguro el cual albergaba a decenas de periodistas desplazados”.

Para ese entonces, iban 88 periodistas asesinados en México.

Cinco años antes, sin proponérselo, de emergencia, la Capital CDMX se había convertido en una ciudad refugio. De la noche a la mañana recibió en sus calles a periodistas amenazados de muerte en el estado de Veracruz.

Sin embargo, la muerte de Espinosa cambió el paradigma.

CDMX: ¿Mecanismo de papel?

A nueve días del asesinato de Rubén Espinosa se promulgó en la Ciudad de México la Ley que crea el Mecanismo de Protección Integral para proteger a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.

En la lógica de las autoridades con esta norma se cumplía con la armonización del la ley federal en la materia.

Hasta marzo de 2012 el apoyo a los periodistas llegaba mediante un convenio de Colaboración Interinstitucional para la Implementación de un Mecanismo.

Por eso, en 2015 tras la llegada de más periodistas en riesgo avanzó la ley en medio de divisiones del gremio y los defensores de derechos humanos.

Sin embargo, su operación es a medias porque a dos años de la entrada en vigor de la ley, no se ha instalado su consejo consultivo, de donde se desprende el consejo de evaluación de medidas de protección.

Pese a ello, la secretaria de Gobierno de la CdMx, Patricia Mercado, advierte que el mecanismo está de pie y funciona cabalmente.

Así lo expuso ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en junio de 2016, donde fue llamada a rendir cuentas por los nulos resultados del mecanismo.

“A través de nuestro mecanismo se han atendido al momento 87 casos; es importante mencionar que a 10 de estas 87 personas se les ha apoyado después de la publicación de la ley, es decir después de agosto de 2015.

“De estos casos sólo el 30 por ciento corresponden a defensores y periodistas residentes en la Ciudad de México, la mayoría, el 70 por ciento llegaron huyendo de ataques o amenazas en otras en otras entidades federativas”, informó Mercado.

Pero precisó que 15 de los casos son exclusivos del mecanismo local, 38 en coordinación con el federal y las 34 restantes se refieren a atenciones puntuales brindadas a las personas solicitantes que declinaron el acceso a alguno de los mecanismos, o al local o al federal.

Según sus estadísticas, la frecuencia de los casos exclusivos del mecanismo de protección local en 2012 fue de cuatro, en 2013 de cuatro, en 2104 de cinco, en 2015 de uno y uno más en 2016.

Los casos en coordinación con el mecanismo federal fueron 15 en 2013, 16 en 2014, cinco en 2015 y dos en lo que va del 2016.

Previo a la entrada en vigor de la ley, a la organización llamada Casa de los derechos de periodistas, la Secretaría de Gobierno en 2010 y en 2012 les otorgó 3 millones de pesos en cada año.

A decir de Mercado, en el periodo de 2011 al 2013 la Casa de atención atendió a más de 300 personas con medidas de protección de cautelar, asesoría y defensa jurídica, de las cuales 44 casos provinieron de la Ciudad de México.

En diciembre de 2015, se les restableció el convenio al otorgar a la misma organización 2 millones de pesos, con lo cual beneficiaron 30 personas y el 7 de julio de 2016 se concreto la entrega de una casa en comodato propiedad del Gobierno de la Ciudad de México que funcionará como casa refugio a cargo de esta organización.

Pasaron los meses y la casa sigue inhabitable pese a que se invirtieron 7 millones 272 mil pesos. De entonces a la fecha la cifra de los periodistas asesinados ascendió a 120.

Capital CDMX buscó a la dirección del mecanismo de la CdMx para conocer su versión sobre los retrocesos, pero no obtuvo respuesta.

Con esas deficiencias se perdió la calidad de ciudad refugio, pero los casos de riesgo no dejan de llegar.

La ineficacia del mecanismo federal

Hace un par de meses, una periodista del norte, —de la cual se oculta su identidad por motivos de seguridad—, llegó a la Ciudad de México en medio de la psicosis, luego de la muerte de un famoso periodista.

Ella había recibido amenazas de un grupo criminal y por eso se activó la alerta. Con el apoyo de colegas llegó a la capital del país para protegerse en el mecanismo federal, que tiene mayores limitaciones que el de la CdMx.

Organizaciones en pro de la libertad de expresión le ofrecieron sacarla del país, pero todo quedó en promesa. “Ese mismo día nos hablaron para decirnos que no se podía que ni tenían recursos”, recuerda la periodista sin saber que era el inicio de una larga travesía de desencuentros y, paradójicamente, de mayor inseguridad y vulnerabilidad en lo que algún día fue el refugio de periodistas amenazados.

Jorge Ruiz, director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, se hizo cargo del caso.

La periodista describe que en principio parecía una esperanza. Aunque incomoda, junto a su esposo le pusieron escoltas.

Luego la hospedaron en un hotel para su seguridad, pero su miedo e incertidumbre seguía a flor de piel porque dejó a sus hijos y sus padres en el estado de origen.

La corresponsal de un diario “nacional” recibió un poco de ayuda y otros apoyos del mecanismo local como un seguro de desempleo y atención médica, pero conforme fueron pasando los meses comenzó la historia de terror.

La Fiscalía Especial para Atender los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que mantiene en la impunidad el 99 por ciento de los casos denunciados, la revictimizó al pedirle que atestiguara en el caso de su colega asesinado.

Ante su negativa, la FEADLE se deslinda del tema y ella queda a la deriva en el mecanismo federal, que en teoría se coordina con el el local.

“Me dijeron desde un principio que me apoyarían con la vivienda y alimentación para todos”, recuerda pero precisa que el apoyo ha sido deficiente.

Luego llegó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la promesa de más ayuda.

“Me dijeron que me ayudarían con el gasto corriente para saldar las deudas que deje en mi estado porque a la fecha sigo pagando los servicios de mi casa, como renta, luz, agua, etc”.

Faltando un mes para concluir el año escolar sacó a sus hijos de la escuela.

“El mecanismo me aseguró que no me preocupara porque ellos enviarian un oficio a las escuelas de mis hijos para que se entregaran las boletas sin problema, situación que no paso. Yo tuve que llamar directamente a los maestros para explicarles lo que estaba pasando porque de manera oficial el mecanismo nunca giro ningún oficio”, narra con coraje.

Corrió un mes agazapada en el hotel hasta que la trasladaron a un departamento donde sufrieron varias llamadas de atención de parte de vecinos y personal de administración porque les molestaba la escolta.

La colega comenta que el servicio de la escolta fue durante meses un martirio “pues ellos no contaban con viáticos y gasolina suficiente, por lo que muchas ocasiones tuve que pagar de mi bolsa servicios de estacionamiento y que además viajaran con nosotros en el vehículo que me asignó el mecanismo porque su carro no tenia gasolina o estaba descompuesto”.

Del apoyo alimentario ni hablar. “En varias ocasiones la despensa no me llegaba completa por lo que solicitaba los productos que faltaban pero no se entregaban hasta la siguiente quincena o de plano no llegaban”.

Hoy el riesgo para esta periodista pasó de alto a mediano riesgo y se mueve en la ciudad refugio desamparada entre organismos que se comparten la responsabilidad, por fortuna ha logrado preservar su vida y la de su familia incluso después del terremoto del 19 de septiembre que devastó su zona de seguridad.

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