En el opaco mundo de la regulación vehicular, el futuro de las placas, calcomanías y tarjetas de circulación en México está en juego. El Dr. Javier Ulises Miranda Nieto, Director del Registro Público Vehicular, está impulsando cambios trascendentales para la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016. Sin embargo, expertos en la materia han advertido sobre los costos asociados a estos cambios que incluyen duplicación de precios, falta de transparencia y riesgo de vulneración de datos de los usuarios.
La propuesta, identificada como NOM-001-SICT-2-2024, propone la integración de tecnología de radiofrecuencia (RFID) y códigos QR propietarios en los documentos vehiculares. Aunque se promueve como un avance, se omite mencionar el incremento exorbitante en los costos de producción. Se estima que el precio de las placas y tarjetas se duplicaría, gravando directamente a los usuarios y contribuyentes.
Además, la instalación de arcos de lectura a lo largo del país requeriría una inversión millonaria por parte del gobierno federal. Sin mencionar que ha quedado demostrado que la seguridad de estos chips RFID es vulnerable, lo que expondría la seguridad de los datos personales de los usuarios.
Varias empresas involucradas en el proyecto anterior de RFID durante el sexenio de Felipe Calderón, están actualmente bajo investigación por prácticas monopólicas, y algunas otras empresas están vinculadas a esta nueva propuesta, por lo que, de ser aprobado este proyecto de Norma Oficial, estas empresas tendrían el control absoluto de la venta de chips RFID y de la fabricación de las placas a nivel Nacional.
El proyecto propone que gobiernos estatales y emisores de placas asuman la inversión en los equipos de grabado. Esto augura largas filas y complicaciones para los usuarios, cuestionando la eficacia de los chips RFID ante inhibidores de señal.
Otro problema que ubican los expertos es la redundancia tecnológica, ya que la propuesta sugiere que los vehículos lleven múltiples antenas de RFID, a pesar de que ya cuentan con una etiqueta de RFID del REPUVE, cuyo programa ha resultado ser un proyecto fallido. Y es que, en la actualidad existen equipos comercialmente disponibles y de bajo costo que pueden impedir la lectura de los citados chips. Además estos equipos tienen la capacidad de extraer la información y reproducirla.
Los cambios a la normatividad, en teoría, son a solicitud directa tanto de la Guardia Nacional, de David Córdova, como de la Secretaría de Seguridad, de Rosa Icela Rodríguez, sin embargo, ninguna de estas dependencias lo ha confirmado oficialmente.
La viabilidad y aprobación de la normatividad está en discusión. No obstante, se antoja crucial un debate amplio y transparente en el sector público y privado para evitar caer en una trampa de costos y opacidad que podría impactar a todos los usuarios de vehículos en el país.
Queda pendiente también que el Dr. Miranda comparta la información completa sobre las características de la antena de RFID y los resultados de las pruebas realizadas. Esto para no generar dudas sobre la transparencia del proyecto. No vaya a ser.
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