La candidatura de Clara Brugada, quien busca ser la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, está en riesgo de quedar sepultada en un panteón de Culhuacán; pues un conflicto de larga data entre comunidades indígenas y la alcaldía Iztapalapa podría dejar a la morenista inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta por diez años.
Tras veinte años de disputa por la titularidad de un cementerio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando el caso para determinar si emite sanciones contra Brugada, por no haber acatado resoluciones judiciales que darían fin al conflicto, dejándola inelegible para el proceso electoral del próximo año.
El origen de este problema heredado, se remonta a 2005, año en que un grupo de comunidades indígenas asentadas en San Francisco Culhuacán, comenzaron la pugna por la titularidad del predio de la Avenida Tláhuac 3442, en el que buscan establecer un cementerio comunitario para su uso tradicional, de acuerdo a la cosmovisión de estos pueblos, entre los que se encuentran nahuas, toltecas y colhuas.
La petición fue rechazada por el Perredista Horacio Martínez, quien en ese momento gobernaba en la alcaldía. No obstante, años después, el gobierno de Marcelo Ebrard reconoció a Culhuacán como pueblo originario y realizó una entrega simbólica del predio en cuestión a los pobladores, quienes edificaron en el sitio un templo piramidal denominado Teocalli; tras decretos expropiatorios, la alcaldía Iztapalapa quedó a cargo de la edificación del panteón comunitario.
La vuelta de tuerca se dio durante la administración de Dione Anguiano, pues con apoyo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, comenzó un litigio para arrebatarle a la comunidad el predio y transformarlo en un panteón civil administrado por la alcaldía.
Luego de que la Dirección de Patrimonio Inmobiliario falló a favor de la entonces alcaldesa, el grupo indígena fue denunciado por despojo, derivando en un operativo en donde la Fiscalía y la policía desalojaron por la fuerza a las familias asentadas en el 3442 de Avenida Tláhuac y destruyendo su templo con maquinaria de demolición en diciembre de 2017.
Ante este embate que dejó decenas de heridos, las comunidades organizadas en la Alianza De Barrios de Culhuacán, emprendieron una defensa jurídica en busca del reconocimiento a acuerdos internacionales que garantizan su derecho a ser consultados; solicitaron ser beneficiarios del nuevo cementerio y formar parte de su administración.
La respuesta de la alcaldía fue considerada insuficiente por la comunidad; luego de promover un amparo, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la capital, ordenó a las autoridades iztapalapenses a emitir una respuesta correctamente fundamentada.
Diferentes oficios emitidos durante la administración de Anguiano y posteriormente en la de Brugada, pretendieron dar respuesta a este amparo; no obstante, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México las determinó como no válidas, dado que no hubo garantía de audiencia para la comunidad y tampoco resolvieron la solicitud referente al uso del cementerio.
Desde entonces, el tribunal ha solicitado a la alcaldía atender correctamente el amparo e incluso han instruido, además de al titular de la Dirección Jurídica, a la autoridad superior jerárquica, o sea la alcaldesa, para ordenar y vigilar el cumplimiento.
Cuando una autoridad incumple reiteradamente amparos, los casos son remitidos a la Suprema Corte, organismo que ahora debe determinar ejercer sanciones contra el director Jurídico, quien sería separado de su cargo y consignado a un juez bajo el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, alcanzando hasta diez años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La ley aplica también para la autoridad superior en caso de que no cumpla la sentencia de amparo; poniendo a Brugada e incluso a Anguiano al alcance de las penas antes mencionadas.
Según informó una fuente de la SCJN a El País, medio del que fue retomada la información para esta nota, las autoridades de Iztapalapa tendrán una nueva oportunidad de dar cumplimiento a el amparo, de hacerlo, quedaría salvado el conflicto y probablemente la candidatura de Morena también.
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