Juez Federal Suspende Reforma de Extinción de Fideicomisos

Extinción

A raíz de una resolución emitida hoy, un juez federal ha decidido suspender de forma temporal la reforma que condujo a la extinción de los 13 fideicomisos que albergan 15 mil millones de pesos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Juan Fernando Luévano Ovalle, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, ha dictado una medida cautelar

Esta prohíbe al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la transferencia de los mencionados recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Asimismo, estas entidades gubernamentales están impedidas de disponer de estos activos financieros.

De acuerdo con información de Reforma, el juez concedió una suspensión provisional en respuesta a un amparo presentado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez.

De manera significativa, esto implica que el juzgador ha otorgado una medida cautelar a una autoridad de mayor jerarquía.

El juez Luévano suspende el decreto de extinción de fideicomisos para evitar consecuencias inmediatas.

Además, se debe garantizar la continuación de su operación y administración con el propósito original por el cual fueron creados.

En este sentido, se suspende de manera inmediata la transferencia de los recursos de los fideicomisos a cualquier autoridad gubernamental, a menos que sea para su funcionamiento.

Esta suspensión provisional permanecerá en vigor al menos hasta el 9 de noviembre.

Día en el que se llevará a cabo una audiencia incidental para decidir si se otorga la suspensión definitiva.

Una decisión que podría mantener la extinción de los fideicomisos indefinidamente

El juez ordenó a Banobras y Nafin acatar la suspensión provisional.

De este modo, evitarían la entrega o transferencia de los recursos de los fideicomisos a la Tesofe o a cualquier otra autoridad no autorizada para administrar dichos activos.

La disputa legal detiene temporalmente la implementación del decreto de la reforma, publicado la semana pasada.

El PJF puede negociar los recursos con el Ejecutivo, según la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN.

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