Más allá de cómo termine la crisis en el Tribunal Electoral, lo cierto es que saldrá debilitado. Esto es así, porque los pleitos internos abonan a quienes argumentan que ya es tiempo de cambiar esa institución.
El propio presidente de la República ha dicho que enviará una iniciativa para que los magistrados sean electos por voto popular y a ello se suma el anuncio para intentar suprimir a órganos autónomos como el INAI, IFT, Cofese y CRE.
Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto y Felipe de la Mata, no hubieran podido elegir peor momento en su afán de destituir a Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia de la Sala Superior.
Inició ya el proceso electoral que culminará con la entrega de constancia a la próxima titular del Poder Ejecutivo, ya sea Xóchilt Gálvez o Claudia Sheinbaum.
Faltan uno seis meses para la cita de las urnas y en estos momentos las energías de la institución deberían estar enfocadas en las responsabilidades que ahí tienen para que el desarrollo de la contienda lo sea bajo los principios democráticos.
La actual integración del Tribunal Electoral tiene ya, la triste distinción de ser la más irresponsable de la historia. Incapaces de mantener acuerdos, desde 2019, han pasado por la presidencia cuatro magistraturas, cuando en teoría deberían de agotar los cuatro años de encargo.
Más allá de las presiones políticas, que por lo demás son consustanciales a las labores de jueces constitucionales, no deja de ser inusitado que buena parte de lo que ocurre sea producto de enemigos internos, de un fuego amigo desatado casi desde el momento en que rindieron protesta en 2016.
Es probable que se trate de una ausencia de brújula, de un horizonte nublado ante la franca hostilidad de Palacio Nacional, que de algún modo propicia que las ambiciones se desaten y que se pierda el sentido de la mesura.
El pleito interno es una muy mala noticia para la democracia mexicana, porque se generan dudas sobre un desempeño que debe ser irreprochable, ya que son la última instancia jurídica y su misión es la de pacificar la lucha por el poder político.
Los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral tienen todos ellos cualidades indudables, son jueces profesionales y están preparados para el trabajo que desempeñan, pero no todos cuentan con la templanza y la integridad necesaria. Se podría hacer un listado interminable de caprichos y excentricidades, de excesos que intentaron atajar dos de sus presidencias, la de Janine Otálora y la del propio Rodríguez Mondragón, quienes son, por cierto, los más sólidos en sus sentencias y en el sentido de sus votos.
Una de las enseñanzas que deja la actual situación del Tribunal Electoral es que se requiere de un mayor acompañamiento ciudadano, de una vigilancia permanente para que quede claro que hay límites y que algunos de ellos están en la valoración que hace la sociedad de sus instituciones.
Paradójicamente, el Tribunal Electoral está bien calificado, todavía, y ello se debe a la presencia de funcionarios comprometidos en todas sus áreas, son ellos, a fin de cuentas, los que mantienen el barco a flote, mientras en el puente de mando se desatan toda clase de intrigas.
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