Es significativo que el presidente de la República no acudiera a Querétaro. No le gusta el actual acuerdo alrededor de la Constitución de 1917 y mucho menos sus derivaciones reformistas.
La pluralidad le parece un estorbo, porque implica el diálogo y el acuerdo con quienes piensan distinto. Acaso por ello, es López Obrador el mandatario, si contamos desde Vicente Fox, con el menor porcentaje de iniciativas aprobadas en su periodo con un 50%.
Es significativo que Enrique Peña Nieto tenga la medalla de mayores respaldos legislativos, el 65 %.
César Alejandro Giles Navarro hizo un análisis muy interesante al respecto, que se puede consultar en “Las Reformas a la Constitución en la era de la alternancia”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez, y que retomó el diario El Universal.
Quizá la diferencia radique precisamente en la voluntad de negociar, que en el caso de Peña Nieto significó el Pacto por México, una batería de transformaciones poderosa, que en gran medida ahora parece una reliquia del pasado.
López Obrador, en cambio, optó por adhesiones incondicionales que solo funcionaron, en alguna medida, en el arranque de su administración, cuando la oposición todavía no digería el tamaño de la derrota que les habían propinado y por ello transitaron la ley de austeridad y la creación de la Guardia Nacional, aunque con el carácter civil que nunca ha tenido.
El nuevo listado de cambios a la Constitución correrá la suerte, en la mayoría de los casos, en no ser aprobadas las iniciativas, por ahora, porque todo podría ser distinto si Morena y sus aliados obtienen la mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados en las elecciones de junio próximo.
Por eso quiere cambiar la estructura del Estado Mexicano y en esencia terminar o debilitar cualquier contrapoder que salvaguarde los derechos de las minorías.
Pretende despojar a los jueces constitucionales de la facultad de determinar si las leyes aprobadas por los congresos se apegan al texto de Constitución, lo que significaría cancelar la posibilidad de corrección de decisiones legislativas que no son apegadas a la legalidad, como la Reforma Eléctrica o, en su momento, el Plan B que habría afectado la operación misma de la contienda por la presidencia de la República este año.
A siete meses de dejar el poder, ya que su periodo concluye el último día de septiembre, quiere reformar al Poder Judicial, sujetándolo a los vaivenes de la política con la pretensión de que los ministros sean electos por el voto popular, pero seleccionado de listados que vendrán de Palacio Nacional, la Suprema Corte y de las Cámaras legislativas.
De ahí que uno de los factores más relevantes de la elección sea justamente el que provenga de la decisión ciudadana en las urnas.
Por lo pronto, la discusión sobre la pertinencia de las propuestas de López Obrador será parte de las campañas, pero también, lo que no deja de ser paradójico, un esquema al que tendrá que ajustarse la candidata de Morena.
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