Una investigación ha puesto al descubierto presuntas presiones ejercidas sobre magistrados federales durante la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según revela información recopilada en expedientes, durante este periodo se habría intentado influir en decisiones judiciales. Estas decisiones estaban relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Naicm) y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Los documentos señalan que el entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar Salazar. Quien habría amenazado a los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong.
Las amenazas incluían procedimientos disciplinarios y otras represalias si no accedían a las demandas relacionadas con los aeropuertos.
A pesar de estas presuntas presiones, los magistrados se mantuvieron firmes en sus decisiones, lo que desencadenó medidas en su contra.
Presuntas presiones a magistrados durante gestión de Arturo Zaldívar
Trasladaron a la magistrada Hernández Chong del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, a pesar de que no tenía experiencia en esta área legal.
Por otro lado, reabrieron un procedimiento disciplinario previamente cerrado al magistrado Camero, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Esta acción podría sugerir represalias debido a su voto para suspender la construcción del AIFA. Argumentando preocupaciones ambientales y la falta de consulta a comunidades indígenas.
Estos hechos se enmarcan en una investigación más amplia del Consejo de la Judicatura Federal sobre posibles actos de corrupción durante la gestión de Zaldívar en la SCJN.
La situación ha generado inquietudes acerca de la independencia del Poder Judicial y la integridad de sus miembros, así como sobre la posibilidad de interferencia indebida en las decisiones judiciales.
Recientemente, Zaldívar acusó públicamente a la actual ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, de tener vínculos con una candidata presidencial de la oposición.
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