Según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), entre 2019 y 2020 la violencia doméstica aumentó un 5.3%. En 2020 resultó ser el delito más frecuente tan sólo después del robo.
La violencia doméstica o intrafamiliar ha sido un problema latente en la sociedad mexicana, el cual se ha visto acrecentado con la aparición de la COVID-19. Desde entonces y aún después de los periodos de confinamiento, las cifras han sucedido al alza y las explicaciones causales en donde se aseguraba que este comportamiento se debía a que las víctimas compartían más tiempo con sus agresores, comienzan a carecer de validez.
El sitio oficial del Gobierno de México define a este tipo de violencia como cualquier forma de abuso de poder por parte de algún familiar o concubino/a, que es ejercido de forma intencional con la finalidad de dominar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a una persona. A pesar de que la definición no se limita al sexo o género, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las víctimas más frecuentes son las mujeres.
El año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador contempló un aumento presupuestal mínimo para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 4T asegura que ha intentará reforzar programas que beneficiarían a frenar este problema que transgrede a los derechos humanos.
Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Nadine Gasman Zylbermann, afirma que los programas de desarrollo que se trabajan en conjunto con el gobierno estarían promoviendo a la lucha contra esta problemática. Afirmó que: “La autonomía económica de las mujeres es una medida comprobada de prevención de las violencias; atender los cuidados es necesario para que las mujeres puedan liberar su tiempo y fortalezcan sus habilidades, su educación y su ingreso”.
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