Ciudad de México.-El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 39 votos a favor, cero en contra y nueve abstenciones, la nueva Ley de Responsabilidad Social Mercantil que desde el año pasado envió la jefa de Gobierno al Legislativo local.
La norma agilizará la apertura de negocios bajo un principio de buena fe, aunque diputados de oposición acusaron una sobrerregulación y una nueva injerencia de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), ahora en labores de verificación de establecimientos mercantiles con una tómbola que servirá para insacular a los negocios sujetos de revisión.
No se esperaba debate para ratificar el dictamen de esta ley, luego de que en comisiones se aprobó sin mayor trámite ni discusión, pero legisladores del PRI y PRD acusaron inconsistencias en esta nueva norma con la cual se pretende regular a 158 mil giros de bajo impacto como talleres mecánicos, tiendas de abarrotes, panaderías, lavanderías y salones de belleza.
El legislador priista Miguel Ángel Salazar subió a tribuna para señalar imprecisiones jurídicas y contradicciones a otros cuerpos normativos legales, que además se encuentran vigentes y que recientemente aprobó el mismo Congreso local.
Recordó que actualmente existe una Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal cuyo objeto es regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de esta entidad de manera general, con categorías de giros, procedimientos y sanciones, así como una legislación supletoria, la de Procedimientos Administrativos de la CDMX.
"Contrario a lo que los académicos y especialistas consideran que es lo correcto, vamos a engrosar el marco jurídico con una ley que ya de por sí es compleja y que se encuentra regulado únicamente a los establecimientos de bajo impacto. Se duplican procedimientos o cargas para los particulares dejando las establecidas en la
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, más las que ahora se suman a esta ley", lamentó Salazar.
A las críticas se sumaron los legisladores del PRD, Jorge Gaviño y Víctor Hugo Lobo, al acusar una nueva forma, algoritmo o tómbola "en donde hoy una instancia que pareciera ser una supradependencia, va a regular y va a determinar cómo y a quién verificar bajo una consideración exclusiva y que nadie conoce", acusó Lobo.
Lamentó así que la ADIP tendrá la facultad de decidir a quién verifica, bajo una fórmula de un supuesto porcentaje menor, pero con una facultad discrecional.
El perredista se refería a la propuesta de la jefa de gobierno, donde se establece que con esta ley solo podrán ser verificados los establecimientos de bajo impacto cuando sean elegidos aleatoriamente dentro un 3 por ciento del total de los establecimientos inscritos en un padrón digital.
"Ese tema de la autoverificación ya existía, el tema de las propuestas presentadas por la Jefa de Gobierno, estaban incluidas de manera muy clara hace siete meses en los instrumentos que aprobamos en este Congreso y que robustecían de manera muy clara su intencionalidad, por lo que vemos poco útil crear un nuevo reglamento que solamente le quita facultades al INVEA, le quita facultades a las alcaldías y le quita facultades por supuesto a la Secretaría de Desarrollo Económico para crear un nuevo instrumento jurídico", dijo Lobo.
Sobre ese tema subió a tribuna la diputada de Morena Valentina Batres, para presentar una reserva al dictamen con la adición a un artículo sexto transitorio, a través del cual se estipula que la jefa de Gobierno tendrá un plazo máximo de 120 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, para expedir un reglamento y especificar en el mismo cuál será el proceso para obtener el porcentaje de tres por ciento de giros de bajo impacto que serán sujetos de verificación.
En contra de la reserva habló el tambien perredista Jorge Gaviño. Lamentó que a la ADIP, la cual ni es una autoridad en estricto sentido, se le otorgan facultades para decidir a través de un sorteo qué negocios serán sometidos a verificación administrativa, en detrimento de las atribuciones que tiene el Invea, además de que todo se pretende arreglar a través de un reglamento donde se aclare cómo serán esas rifas.
"Pues qué bonita manera de legislar, porque estamos dándole a la Agencia, que desde el punto de vista técnico debería ser solamente eso, la estamos haciendo autoridad y vamos a darle la facultad ahora a la Jefa de Gobierno que diga cómo se va a hacer esa rifa", fustigó el diputado del PRD.
La diputada de Morena, Guadalupe Chavira, se dijo sorprendida de la intervención de Gaviño. Con sorna, le dijo que él, siempre tan sabiondo está vez no leyó lo que se iba a votar.
Chavira destacó que con esta ley se busca acabar con la discrecionalidad y la corrupción en la verificación de establecimiento mercantiles. Agregó que se incentivará la inversión privada, además de facilitar el intercambio mercantil a pequeña escala.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, Chavira fundamentó el dictamen y en ese momento expuso que dicha legislación es un “facilitador de trámites”, para el registro e inscripción a un padrón digita, lo cual se sustenta en el principio de buena fe y la autorregulación, pero no suple ni sustituye facultades de organismos previstos en otros ordenamientos.
Mencionó que la citada ley otorga certeza jurídica, estímulos fiscales, aligera cargas administrativas e incorpora la figura de verificaciones voluntarias a fin de fomentar la regularización.
Otro aspecto importante, dijo, es promover, fomentar y aplicar mecanismos y programas que otorguen facilidades administrativas y estímulos fiscales, la apertura rápida de establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto.
Dijo que esta Ley de Responsabilidad implicó la derogación de algunos artículos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y el texto se enriqueció con observaciones y opiniones técnicas de la Comisión de Desarrollo Económico de, la Agencia Digital de Innovación Pública y la Alcaldía de Cuajimalpa.
El ordenamiento contempla el diseño de una plataforma digital que permitirá verificar la responsabilidad social mercantil de las personas beneficiarias; ese instrumento alojará el padrón electrónico que será gratuito, voluntario, y será considerado un acto de buena fe de las personas físicas o morales que manifiestan estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación por la explotación de un giro mercantil.
Las únicas excepciones serán aquellas por motivos de protección civil, cuando se identifique peligro para la salud o haya una elección aleatoria dentro del tres por ciento del total de las personas beneficiarias inscritas en el padrón.
La información de la plataforma digital se sujetará a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, mientras que las visitas de verificación aleatoria serán semestrales y se realizarán a partir del mes de enero del año 2021.
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