Ciudad de México.- Diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, pues afirmaron, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
A través de un comunicado, refirieron que si los gobiernos, tanto federal como estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.
Por ello, propusieron la adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. “Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia”.
Destacaron que es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
Mencionaron que reformar a las policías no será suficiente, pues es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
Así como cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.
Manifestaron que seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer las instituciones de seguridad pública; por el contrario, coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que el país atraviesa, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.
“Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”.
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