Ciudad de México.- El poder ejercido por “Los Zetas” en el penal estatal de Piedras Negras, Coahuila, en el 2011, era del conocimiento de las autoridades locales y hasta del Gobierno federal.
Según el informe “El Yugo Zeta”, presentado y elaborado por el Colegio de México (Colmex), relata que este centro penitenciario fungía como un campo de exterminio de este grupo delincuencial, así como zona de seguridad para personas que eran secuestradas.
También era usado como escondite de sicarios para no ser localizados por la policía y en el interior se modificaban vehículos para el transporte de droga hacia Estados Unidos.
Incluso los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no pudieron ingresar a esta cárcel debido a la inseguridad que se vivía en su interior, por lo que determinaron por calificar con un cero a su personal e instalaciones.
El estudio demuestra que el presupuesto otorgado al estado de Coahuila para la manutención de sus penales fue de 135 millones de pesos en el 2011, por lo que estos recursos eran disfrutados por “Los Zetas”, quienes vivían en la completa impunidad.
"El control de los Zetas en Coahuila era total; el gobierno estatal era omiso y algunos funcionarios eran cómplices.
"El Penal era un campo de exterminio de los Zetas subsidiado por el Estado. El Estado al otorgar el presupuesto al penal en lo que estaba haciendo era subsidiar actividades criminales de Los Zetas", comentó el analista Jacobo Dayán, coautor del estudio junto con el investigador Sergio Aguayo.
Agregó que la prisión de Piedras Negras fue un centro de negocios para este grupo delincuencial que les dejó hasta 75 mil dólares al año, además de que fue un centro de reclutamiento de sicarios, área de castigo para sus rivales, ejecuciones y quema de cadáveres.
También se reveló que el jefe de plaza gozaba del derecho de elegir a alguna de las esposas de los internos para tener relaciones sexuales, así como de la organización de fiestas monumentales.
Aunque no hay acusaciones directas, los autores de este informe señalan que las actividades ilícitas de “Los Zetas” eran del conocimiento del ex gobernador Humberto Moreira y del mandatario interino Jorge Torres.
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