Ciudad de México.- En medio de la incertidumbre por la crisis política y legal que se vive en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), con dos grupos de diputados que se pelean la legitimidad de la presidencia de la Mesa Directiva, la legisladora del PRI Dunia Ludlow, aseguró que el proyecto de dictamen de Ley para la Reconstrucción que se dio conocer desde ayer no cuenta con un consenso amplio y no surgió de un trabajo realizado en las comisiones dictaminadoras.
Al presentar un “Estudio sobre los costos de la reconstrucción” debido a los sismos, la legisladora pidió no abonar al desaseo legislativo que ya prevalece, con la difusión de un supuesto dictamen de reconstrucción. “No hay un dictamen hecho por las comisiones; está mal que se haya enlistado en el orden del día de la sesión de mañana”, acusó Ludlow.
Dijo que el predictamen se trata de documento de trabajo filtrado ayer a medios de comunicación que carece de técnica legislativa, además de que no profundiza en el análisis del problema, ni en los alcances de algunos fenómenos, pues no se habla nada del tema de reforzamiento. “La propia estructura del texto está tan mal hecha que no cumple con un objetivo ni plantea cuales serán las autoridades correspondientes que darán seguimiento a cada una de las acciones que ahí se señalan”, agregó.
La diputada, quien preside la Comisión de Vivienda de la ALDF, expuso que la forma de aprobar la Ley para la Reconstrucción no puede ser una imposición, al subrayar que con ese texto no quedan garantizados los derechos de los damnificados.
El “Estudio sobre los costos de la reconstrucción” se presentó ante especialistas y vecinos que se reunieron en el salón Luis Donaldo Colosio del recinto de la ALDF. Ahí el secretario técnico de la Comisión de Vivienda de la Asamblea, Efrén Arellano dio lectura a un texto elaborado por el maestro en urbanismo Gustavo Gómez Peltier, quien lamentó que la propuesta de Ley para la Reconstrucción tiene un enfoque exclusivamente financiero e inmobiliario.
“La primera evidencia de ello es que el principio de la solución se basa en el precepto de que la población solo puede o debe acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario -lo que de si niega el hecho de que cerca del 65% de la vivienda construida en la CDMX no fue edificada bajo este esquema financiero y que alrededor de 50% de la población económicamente activa de la CDMX se encuentra en el sector informal de la economía y por tanto no es sujeto de crédito- por tanto plantea que las personas que perdieron su vivienda solo pueden sustituirla mediante la adquisición de una crédito hipotecario, como si ello no fuera una opción individual sino una condición obligatoria”, lamentó el especialista.
El costo de la reconstrucción
En la presentación del “Estudio sobre los costos de la reconstrucción”, la diputada Dunia Ludlow, reveló que a pesar de que hay más de 15 mil inmuebles dañados en la Ciudad por el sismo del 19 de septiembre, sólo 10 familias han accedido a un crédito que apertura la Sociedad Hipotecaria Federal. Lo anterior se entiende porque hay mucha de la población afectada que no es sujeta de crédito, como los adultos mayores, quienes están en el buró de crédito o porque el ingreso que tiene no es suficiente para pagar una nueva deuda.
Respecto al planteamiento de redensificación, con un 35 por ciento adicional en el número de viviendas a las que existían antes del sismo, la legisladora del PRI dijo que ese esquema excluye a delegaciones como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, además de dejar fuera a muchos predios que no son viviendas en conjuntos habitacionales multifamiliares.
El estudio presentado por la asambleísta detalla que, según la Plataforma CDMX, de 15 mil 590 inmuebles dañados, un 70 por ciento están en color verde y por ello son habitables con reparaciones menores, en tanto 3 mil 363 están en color amarillo, pero se desconoce cuántos están en color rojo por los graves daños estructurales y el alto riesgo que representan. Estimó que por la información recopilada en la Comisión de Vivienda, hay entre 800 y mil inmuebles en color rojo.
La presidenta de esa comisión legislativa agregó que tan sólo en la delegación Cuauhtémoc hay 225 inmuebles en situación de alto riesgo, los cuales representan un total de 158 mil metros cuadrados de reconstrucción, de los cuales 55 están en la zona Centro, 16 en la colonia Guerrero, 17 en Santa María la Ribera, 26 en la Roma Norte, 16 en la Roma Sur, 18 en la Hipódromo, 16 en la Cuauhtémoc y 14 en Buenavista.
De acuerdo con la base de datos de la que dispone esa Comisión, existen 18 inmuebles en la delegación Cuauhtémoc que sufrieron un colapso o que están clasificados para ser demolidos, con 50 mil metros cuadros comprometidos. “En base a esos datos es posible sostener que actualmente, la delegación Cuauhtémoc necesita poco más de mil 52 millones de pesos, exclusivamente para edificios que ya colapsaron o que deben ser derruidos”, expuso Ludlow.
Insistió en que la falta de debate sobre los costos estimados de la reconstrucción y la propuesta de aumentar sin distingos 35 por ciento los niveles autorizados, no permite visualizar los beneficios, legítimos o no, que puede significar dicho incremento para los constructores y desarrolladores, y no permite valorar otras formas para la transferencia de utilidades.
Puso como ejemplo el caso de la esquina de Ámsterdam y Laredo, un edificio colapsado ubicado en un terreno de 300 metros cuadrados, que contaba con nueve niveles y 21 viviendas de 75 metros cuadrados cada una. Con el incremento que pretende ofrecer el Jefe de Gobierno, podría llegar a tener hasta 12 niveles y 33 viviendas.
Ahí, la reconstrucción de las 21 viviendas originales, a 30 mil 252 pesos el metro cuadrado, supone un costo estimado de 47.6 millones de pesos. Al calcular las doce viviendas adicionales permitidas por la iniciativa, dicho costo sube a 74.8 millones de pesos, es decir, una ganancia de 27 millones de pesos. En términos del valor del suelo, considerando un costo promedio de 80 mil pesos por metro cuadrado, las doce viviendas adicionales representan una transferencia de 72 millones de pesos para ese desarrollo, dijo la diputada del PRI.
Agregó que la propuesta de financiar el costo de la reconstrucción a partir de un incremento de 35 por ciento en los niveles de construcción tiene fuertes impactos, que van en detrimento de la construcción de una ciudad segura, eficiente, mejor planeada y resiliente, como el aumento de estacionamientos que se infieren por la mayor cantidad de viviendas; cargas adicionales a las redes de agua, luz, drenaje, gas y telecomunicaciones; así como como la recolección de basura, seguridad pública, alumbrado, limpieza de calles y banquetas, balizamiento de vialidades, etc.
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