Ciudad de México.- Incontables han sido los obstáculos y argucias que la Ciudad de México ha debido sortear para lograr su primera constitución.
No me detendré en el recuento de los debates iniciados desde 1824, cuando la constitución del México independiente se negó a reconocer la autonomía de la Ciudad y los derechos plenos a sus habitantes.
He de referirme a las resistencias y condicionamientos de los últimos años, que se impusieron para aprobar la reforma al artículo 122 constitucional que reconoció a la Ciudad de México como una entidad federativa, donde el viejo espíritu centralista rondo las discusiones, desde quienes se oponían a la reforma ante los privilegios de una ciudad “subsidiada por los estados de la república”, hasta quienes pretendieron limitar la reforma para que la constitución capitalina fuera una ley reglamentaria de la constitución general.
Ello impuso la integración de una Asamblea Constituyente con la designación de 40 de sus 100 integrantes, y la obligación para que los acuerdos orgánicos y administrativos deberían aprobarse por la tercera parte del total de los integrantes de la Asamblea, con lo que, supusieron, asegurarían el control del constituyente.
Integrado el grupo redactor por el Jefe de Gobierno, iniciaron las campañas de descalificación al “grupo de notables”; que se pretendía imponer una constitución de izquierda y, una vez presentado el proyecto de Constitución, que éste era una carta de buenas intenciones; que contenía muchos derechos que serían incosteables, que el documento era extenso y reiterativo.
Se apostó a su fracaso. Desde diversos ámbitos se aseguraba que el escaso tiempo y las diferencias existentes, lo hacían imposible.
Se equivocaron, la calidad del debate y el oficio político de la mayoría de los constituyentes dieron como resultado un precepto cuyo eje vertebral es la dignidad humana, la ampliación de los derechos humanos y sociales, el derecho a la ciudad. Se asumieron las causas sociales y se establecieron las bases de la democracia directa y participativa; el fin de fueros y privilegios, una reforma profunda al poder judicial para frenar la corrupción en la impartición de justicia, y formas de gestión pública que anteponen el interés público.
Quienes denostaron los trabajos de la Asamblea, nunca entendieron que ésta se enmarcó en un contexto de pluralidad política y cultura cívica característico de la capital, e imprimió como sellos distintivos: un proyecto elaborado por un grupo de especialistas plural e interdisciplinario; ser el primer órgano parlamentario paritario. Una asamblea que implementó prácticas del debate parlamentario que rompieron con la disciplina partidaria tradicional y permitieron la construcción de acuerdos transversales para aprobar temas polémicos como el derecho a una muerte digna y el matrimonio igualitario.
La Asamblea se rigió bajo los principios del parlamento abierto, permitiendo a cientos de ciudadanos presentar iniciativas y participar en audiencias públicas, e impulsó la primera consulta a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes a nivel internacional.
Fracasaron. De la Asamblea emanó una constitución que ha merecido reconocimientos internacionales y que representa el acuerdo político más importante alcanzado en las últimas décadas. Sin embargo, la historia se repite. Publicada la Constitución, ha vuelto la andanada de la derecha en el gobierno federal y sus fariseos.
¿Qué impugna el Ejecutivo Federal? Que la dignidad humana y los derechos humanos sean fundamento de la constitución; que la ciudad asuma la defensa del Estado democrático y la cultura de la paz; el desarrollo económico sustentable y solidario; que la función pública se apegue a la austeridad y la rendición de cuentas.
Se opone a la revocación del mandato, la eliminación del fuero y al secreto profesional de los periodistas. A los derechos sexuales y reproductivos; al libre desarrollo de la personalidad; a vivir y a morir con dignidad; llegando al absurdo de afirmar que se alienta la poligamia cuando reconocen todas las formas de comunidad familiar.
Le preocupan las reformas al Poder Judicial, al impedir que el Presidente del Tribunal presida al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura; eliminar su reelección y crear un Consejo Judicial Ciudadano.
El Ejecutivo Federal y la Corte, incurren en un error al señalar como autoridades responsables ante las controversias a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la Ciudad, la primera “por analogía” y por ser la autoridad emisora, y al segundo, como autoridad “promulgadora”, cuando la Asamblea Constituyente es un poder originario, el que aprobó y emitió la constitución, y que debe ser la autoridad que responda a los recursos presentados.
Más que un litigio constitucional, se trata de una diferencia política. Una diferencia sobre la ciudad y el país al que aspiramos. Peña Nieto denota nostalgia por el centralismo autoritario que ha conducido al debilitamiento de los gobiernos locales, subordinando el interés público y el desarrollo democrático del país a los intereses de la burocracia política y de la oligarquía.
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