Ciudad de México.- La Procuraduría General de República alertó el uso desmedido de Gordillo Morales de los medios de comunicación que tiene a su alcance podrían desestabilizar la seguridad y la paz del Estado Mexicano por lo que era imperioso que se estableciera un régimen de control de comunicación.
Por ello, ahora las visitas al pent-house de Gordillo Morales serán restringidas a sus familiares, médicos y abogados, al igual que las llamadas telefónicas, ambas sólo se podrán realizar entre las 08:00 a las 21:00 horas diariamente.
Además que se llevará un control irrestricto de los correos electrónicos, números de teléfono, cuentas de la redes sociales, y los accesos al domicilio serán controlados a través de identificaciones oficiales, comprobante de domicilio y en el caso de amistades cuando se compruebe que son personas de “buena reputación”.
Inclusive consideró que Gordillo Morales lejos de estará en arresto domiciliario ha hecho de su casa un despacho público donde se recibe a un número indeterminado de personas que nada tienen que ver con su salud, estado jurídico o familiar.
Al respecto, la defensa de Gordillo emitió un comunicado donde argumentó que el juez Alejandro Caballero Vértiz revocó sus propias determinaciones en contravención al artículo 101 del Código Federal de Procedimientos Penales.
“Ordena a la Policía Federal Ministerial de PGR hacer cumplir el que la maestra Gordillo no pueda recibir amistades, salvo aquellas que hayan pasado por un filtro en el que se determine que son de buena reputación y se encuentren en una lista de visitas que exigió se le hiciera llegar acompañando copias de identificación y comprobante de domicilio”,
“De igual modo, establece dicho juez que las comunicaciones vía teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos y demás medios posibles, sólo podrá hacerse con personas de esa lista de quiénes hayan pasado su “test de decencia”, informó la defensa.
Explicó que la PGR afirmó que los elementos policíacos no pueden escuchar las conversaciones de Gordillo con quiénes la visitan, por lo que exige se autorice su ingreso al domicilio, tales afirmaciones suponen—para la defensa– una injerencia en la vida privada, en la inviolabilidad del domicilio, en la privacidad de las comunicaciones, tutelados por la Constitución.
Consideró que estás restricciones con una “mordaza propia de regímenes totalitarios”, y que no va de acuerdo con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria, la cual es un beneficio del adulto mayor con diversas enfermedades de permanecer en su domicilio en tanto se concluye el proceso penal que se le sigue, mientras que las medidas de seguridad deben aplicarse únicamente para que el adulto mayor no abandone el domicilio.
“De ninguna manera faculta a autoridad alguna para introducirse en el domicilio, revisar mensajes de texto, correos electrónicos, escuchar conversaciones, oír llamadas. Todo ello afecta derechos fundamentales que no pueden ser limitados en la ejecución material de un beneficio al adulto mayor con enfermedades crónicas”.
Debido su avanzada edad y el cumulo de presuntas enfermedades que desde un principio la mantuvieron en hospitales, pues de los cinco años que permaneció en supuesta reclusión, sólo dos noches y días los paso en el área de ingreso del Reclusorio Femenil de Santa Marta, Gordillo Morales ha gozado diversos privilegios con respecto a otros “reos”
Inclusive la defensa de la aún procesada logró que no se le impusiera el brazalete electrónico, a pesar que la PGR lo había solicitado ante el juez lo concedió en un principio pero posteriormente retiró dicha restricción con base a una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo.
Entre las medidas impuestas están la presencia permanente de una decena elementos de la Agencia de Investigación Criminal custodiando el exterior del inmueble ubicado en la colonia Polanco, y según acusó la PGR ha generado trastornos a los vecinos de la zona quienes se han quejado ante las autoridades por el número de vehículos y personas que se desplazan diariamente.
Inclusive, previo a que Elba Esther fuera trasladada al dicho predio, un actuario se presentó en el lugar para verificar las medidas de seguridad de la habitación, y donde sólo se ordenó que fuera cancelada una de las puertas, y así sólo quedará habilitado uno de los accesos al pent-house donde iba a estar el arresto domiciliario.
En su momento, la dependencia ministerial consideró que el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria concedida Elba Esther no afecta los “términos punitivos” del Ministerio Público para continuar con el proceso por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De esta forma la ex líder magisterial tendría acceso a un médico privado para su atención, recibir las visitas que ella autorice todos los días, además tendrá las comodidades necesarias, y el personal de asistencias médica que se requiera, y con ello tratar los males que la aquejan, entre ellos, la hipertensión, los aneurismas, y las lesiones cardíacas, la depresión, ansiedad que se ha dicho padece la mujer de 72 años de edad.
Inclusive, de ser necesario, podrá abandonar el arresto para recibir tratamiento médico, sí así lo requiere en instituciones hospitalarias privadas, como ha sucedido anteriormente pues ha estado internada en cinco instituciones médicas diferentes.
Desde su casa se realizarían las diligencias ministeriales que se requieran, y podrá ser a través de circuito cerrado, o que las autoridades judiciales se trasladen para que se desahoguen cada una de las diligencia por los procesos que enfrenta en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, y en el Juzgado 14 de Procesos por defraudación fiscal.
Éstas fueron las restricciones que se le impusieron a Gordillo Morales al momento de concederle el arresto domiciliario en diciembre pasado, y que el agente ministerial no pudo rebatir, ante el juez de amparo y de proceso, ahora dos meses después hace toda una argumentación sobre los riesgos que representa para el Estado a septuagenaria.
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