Genera crisis en Congreso local la Ley Sheinbaum. Morena maniobra un periodo extraordinario



Ciudad de México.-Para eludir a la oposición que con una estrategia procedimental logró echar abajo la intención de Morena para realizar a distancia un periodo extraordinario sesiones, los legisladores locales morenistas llevarán a cabo esa reunión del Pleno de forma presencial y, con la imposición de su mayoría, aprobarán una reforma a la Ley de Austeridad para otorgarle a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum facultades plenas para disponer del presupuesto de la Ciudad sin límite de monto y sin la intervención del poder Legislativo, cuando se presente un desastre natural o una emergencia sanitaria.



Este mediodía, la jefa de gobierno reveló en videoconferencia de prensa que los diputados locales planean realizar ese periodo extraordinario de sesiones de forma presencial en el edificio de Donceles y Allende, con medidas de sana distancia y de sanidad para reducir riesgos de contagio de Covid-19.



La mandataria expuso que habrá algunos grupos parlamentarios en desacuerdo con la reforma a esa Ley de Austeridad, pero "están en su derecho", agregó.



La declaración de Claudia Sheinbaum vino a confirmar versiones que circularon vía chat, con un oficio de número 102 y fechado hoy, en el que Isabela Rosales, presidenta de la Mesa Directiva convocaba a los 66 diputados para celebrar de forma presencial el periodo extraordinario de sesiones. Según ese oficio, se citó a los legisladores para el viernes 19 de junio a las 11:30 horas, aunque el área de Comunicación Social del órgano legislativo desmintió la veracidad de esa convocatoria.



En medio de esos dimes y diretes se difundió otra convocatoria, con el número de oficio 103, donde Rosales convoca mañana jueves a sesión de la Comisión Permanente, para discutir y aprobar ahí el período extraordinario de sesiones del día viernes.



Ayer en la noche, durante la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso local, la oposición logró imponerse para detener la realización del periodo extraordinario de sesiones programado a realizarse este viernes de forma virtual.



En esa Conferencia participan los integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del órgano legislativo. Ayer por la noche, al seno de ese grupo de trabajo, los diputados integraban el orden del día de la sesión del viernes, pero en ese momento la oposición era mayoría y en votación nominal evitó la inclusión del dictamen aprobado horas antes en la Comisión de Presupuesto.



Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena, acusó en Twitter que "la oposición impidió que llevemos a cabo la sesión extraordinaria", aunque después eliminó ese mensaje, pero eso no bastó, pues el coordinador del PRD Jorge Gaviño difundió una captura de pantalla del mismo.



Mientras Morena maniobra para celebrar el periodo extraordinario y otorgarle a Sheinbaum facultades amplias para modificar el presupuesto de la Ciudad, las bancadas de oposición emitieron esta tarde una "Proclama a los ciudadanos de la capital de México", donde reiteraron que los cambios a la Ley de Austeridad implican un grave debilitamiento de uno de los principios democráticos fundamentales, el de la división de poderes.



La Proclama lleva la firma de 22 diputados, entre las que destaca la del diputado de Morena Efraín Morales Sánchez, cuya rúbrica aparece junto a la de legisladores del PAN, PRD y PRI.



"Entendemos que la ciudad atraviesa por una crisis extraordinaria y que el Poder Ejecutivo necesita actuar con diligencia para redirigir el gasto a lo más urgente, que es el bienestar y la salud de los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, ese no puede ser pretexto para despojar de sus atribuciones constitucionales al órgano que sirve como representante directo de la ciudadanía", expusieron los opositores.



Propusieron cambiar la Ley para obligar a que el Legislativo local sea más ágil y eficiente en sus opiniones, pero sin renunciar a su facultad de opinar.



De lo contrario, dijeron, se le quitaría la voz al poder que precisamente está ahí para hablar y responder por el pueblo, además de que se lesionarían los principios de transparencia y rendición de cuentas, sin que nadie sepa en qué se gastan los recursos públicos.

El dictamen



El dictamen de la discordia contempla la adición de un artículo 23 Bis en la Ley de Austeridad de la CDMX, donde se establece que la jefa de gobierno podrá aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestario tanto en alcaldías, como dependencias y órganos desconcentrados, pero únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren los supuestos de emergencia sanitaria o de desastre natural. Esos ajustes no impactarán los recursos asignados a programas sociales.



En el artículo 23 bis se establece también que para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, estos se deberán coordinar con la Secretaría de Finanzas para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales, las adecuaciones a su presupuesto.
Pero también se establece que en caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos no realicen las adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la jefa de gobierno enviará a Congreso local una iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de Presupuesto de Egresos, para que el órgano legislativo discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de su recepción.



El dictamen modifica el artículo 88 de esa Ley, donde actualmente se establece que la jefa de gobierno puede modificar de forma unilateral hasta un 10 por ciento del Presupuesto de Egresos anual, pero cuando se rebase ese porcentaje estará obligada a solicitar la opinión del Congreso de la Ciudad para que el órgano Legislativo manifieste lo conducente.



Sin embargo, la reforma sustancial viene en la adición de un párrafo al artículo 88, donde se establece que la obligación de Sheinbaum a solicitar la opinión de los diputados no será aplicable cuando se trate de una emergencia sanitaria o desastre natural, en cuyo supuesto la mandataria podrá modificar el contenido orgánico y financiero de dependencias, alcaldías y órganos desconcentrados, pero solo durante el ejercicio fiscal en el que dure la contingencia.