Ciudad de México.- Contrario a la opinión de constitucionalistas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, –que no es abogado—asegura que ampliar dos años el periodo del ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es inconstitucional.
Además, en su conferencia matutina, dio un raspón a las y los 10 ministros restantes. Aseguró que solo Zaldívar garantiza la reforma al Poder Judicial. Nadie más.
Descalificó a quienes, como el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, señalan la violación constitucional. Los acusó de “neoliberales”, porque, según él, se formaron durante la presidencia de Carlos Salinas.
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Zaldívar recibió el beso del diablo. Si se opone a la decisión del tabasqueño, este lo tomará como una afrenta y el presidente de la Corte no quiere eso. Es claro que simpatiza con la llamada Cuarta Transformación.
Aunque quizá sí podría defender a los otros diez ministros, quienes fueron ofendidos en la matutina. López Obrador dijo que “si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen”.
Con ofensas para los ministros del “viejo régimen” al haber aprobado la consulta para enjuiciar a los expresidentes. ¿Qué estarán pensando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán? Ambos votaron a favor de ese deseo presidencial.
El golpe también llegó a los ministros de la SCJN que llegaron a propuesta del actual mandatario: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat y Yazmín Esquivel Mossa. No los quiere ver al frente de la Corte.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, ya se pronunció sobre el tema y sostuvo que es intransitable. Sin embargo, todos sabemos que el partido del Presidente lo obedece fielmente.
Si la ampliación de la presidencia de Zaldívar es aprobada por los diputados, el tema tendrá que ser resuelto en la propia SCJN. ¿Cómo votaría el ministro Zaldívar?
El presidente de la Corte está en una disyuntiva: Apoyar una violación a la Constitución y cumplir con el deseo presidencial o ser coherente con su carrera judicial que defiende el respeto a la Carta Magna.
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