Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está deliberando sobre el caso de Digna Ochoa, la activista que murió en octubre de 2001.
Es un asunto delicado para el actual gobierno, porque las indagatorias las condujo la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que estaba a cargo de Bernardo Bátiz. El jefe del procurador era Andrés Manuel López Obrador, titular del gobierno capitalino.
En un inicio se pensó que Ochoa había sido asesinada. Era una hipótesis razonable, tomando en cuenta que aquel año no fue bueno para los defensores de Derechos Humanos, quienes sufrían amenazas con triste y alarmante frecuencia.
Como suele ocurrir, la historia era más complicada, por su sencillez: Digna Ochoa se suicidó. Esta es la conclusión a la que llegó el primer responsable de la indagatoria, el subprocurador Renato Sales Heredia, quien tenía –como tiene—una imagen de funcionario honesto y escrupuloso.
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Sales Heredia supo a lo que se enfrentaba, pero optó por atenerse a lo que señalaban las pruebas, a sabiendas de que la historia del suicidio sería rebatida por propios y por extraños.
Se desató un escándalo, ya que múltiples organizaciones protestaron, y porque en la oficina del Jefe de Gobierno no querían cargar con semejante conclusión.
López Obrador le pidió al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y a la escritora Elena Poniatowska, que buscaran el perfil adecuado para encargarse de una fiscalía que se abocaría a investigar, hasta dónde toparan las cosas.
Eligieron a Margarita Guerra, magistrada del Tribunal Superior de Justicia. La fiscal no tuvo obstáculo alguno, desahogó todas las hipótesis posibles y entre ellas las de la participación de un comando militar.
Con el paso de los meses, Guerra anunció que el caso estaba resuelto y que coincidía con Sales Heredia: Ochoa se había quitado la vida. Explicó, con precisión la mecánica del suceso y cómo fue que disparó tres veces la suicida.
Esa es la verdad del expediente y no habrá otra, porque los que tuvieron la responsabilidad de acometer la tarea de esclarecer lo ocurrido lo hicieron bien y con profesionalismo.
En las audiencias de la CIDH, realizadas por estos días, el gobierno mexicano, representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó que se “vulneró el derecho a la protección judicial”. Habrá que ver qué repercusión tiene ello, además de esperar lo que resuelva en definitiva la propia Corte. Será interesante, de igual forma, lo que el presidente López Obrador tenga que decir al respecto, en el entendido de que el litigio podría conducir a una condena contra México.
La historia de Ochoa es triste, en efecto, porque murió cuando requería de ayuda y de soporte de su entorno. La familia tiene razón en sus quejas y en las dudas que los han acompañado por años, pero es tiempo de que finalmente la activista descanse en paz.
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