Ciudad de México.-Unos días antes de presentar su renuncia como secretario de Hacienda, Carlos Urzúa le delegó a la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, la facultad legal para controlar de principio a fin las compras consolidadas del gobierno, reveló la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCyI).
El 8 de julio, un día antes de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo firmado el 4 de julio por el todavía secretario, con el que delegó a la Oficial Mayor «la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco, en términos de los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones (…) para establecer los lineamientos para coordinar dicho procedimiento».
Con esto, la Oficial Mayor recibió facultades plenas para licitar y celebrar los contratos marco de las compras consolidadas del gobierno, una atribución que era del secretario de Hacienda.
Históricamente, estos contratos eran celebrados por las dependencias licitantes en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, que era la encargada de realizar contratos marco –en los que se acuerda previamente con los proveedores las especificaciones de los bienes o servicios a adquirir, así como sus precios, la calidad y las condiciones. Esto cambió el 30 de noviembre de 2018, un día antes de que tomara posesión la nueva administración, cuando se entregó esta facultad al secretario de Hacienda mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En estos meses, la Oficial Mayor de Hacienda había sido la responsable de las compras consolidadas del gobierno, entre las que destaca la de medicamentos. Con este acuerdo, Buenrostro es ahora también la responsable legal.
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