Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no cesará en la persecución en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Lo quiere meter a la cárcel y trabaja, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), en ese propósito.
Ya la Cámara de Diputados le quitó el fuero, pero gracias a la controversia constitucional presentada por el Congreso local, no ha sido detenido. El mandatario mexicano es testarudo y buscará, por todos los medios, quitarle el poder estatal y ponerlo ante un juez.
Además del delito de defraudación fiscal equiparada, el cual es el único por el que fue desaforado, continúan las investigaciones relativas a los de delincuencia organizada yoperaciones con recursos de procedencia ilícita. No los han podido probar.
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Sin embargo, la FGR comunicó el lunes que recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre “posibles responsabilidades penales” del propio Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael, quien es senador, y José Manuel, además de su suegro José Ramón Gómez.
Los vinculan con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas, las cuales se integrarán a la carpeta de investigación.
Es claro que la FGR continuará recabando pruebas para ir por el mandatario tamaulipeco, quien no ha hecho apariciones públicas desde el viernes 30 de abril, cuando fue desaforado.
La instrucción presidencial de acabar con sus adversarios es contundente. Así lo hace en Nuevo León.
Ante la caída en las encuestas de su candidata –así lo reconoció ella misma–, Clara Luz Flores, echó a andar a la propia Fiscalía para acusar a los aspirantes del PRI, Adrián de la Garza, y de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
A 25 días de las elecciones del 6 de junio, López Obrador luce enojado y desesperado. Su partido va a la baja. Por eso la prisa por acelerar el proceso en contra de Cabeza de Vaca y de iniciar las investigaciones que paren a los punteros en Nuevo León.
Es un atentado contra la democracia; utiliza de manera facciosa a la FGR, lo que podría provocar actos violentos que pongan en riesgo la gobernabilidad y la viabilidad de la llamada 4T.
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