El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se investigara el caso de Camila, quien perdió la vida por negligencia médica.
Durante el mes de agosto del año pasado, Mary Jane Mendoza llevó a su hija al hospital cuando empezó a dolerle el estómago.
Los doctores la regresaron a casa con “30 gotitas de paracetamol” y la promesa de que se mejoraría al tiempo.
Sin embargo, Camila no hacía más que empeorar, por lo que su madre decidió regresar al hospital comunitario de Salinas de Hidalgo, en San Luis Potosí.
Allí, luego de una revisión la doctora notó el verdadero problema y sus signos vitales endebles fueron suficientes para considerar urgente su traslado a la sala de urgencias de otro hospital.
Así, a pesar de los intentos por reanimarla, la bebé de tres años fue declarada muerta por un choque hipovolémico, deshidratación severa y enfermedad diarreica aguda.
Los pasos a seguir de la desastrosa historia se llevaron a cabo y el funeral se pactó para dentro de unas horas después de su muerte.
Y sin saberlo, Camila fue velada con vida en su domicilio ubicado dentro de la comunidad de La Herradura por sus familiares.
Esto lo notó Felicitas Martínez, abuela de la difunta, cuando se acercó al féretro para descubrir con sorpresa que la menor movía los párpados.
La segunda muerte de Camila: un caso de negligencia
Ante el milagro provocado por la negligencia médica, la madre llamó a una ambulancia que trasladó a su hija hacia el primer hospital al que acudieron, a unos 40 kilómetros de su domicilio.
No obstante, los internistas no pudieron brindar la atención que precisaba por lo que fue canalizada al Hospital Central en la capital de San Luis Potosí.
Trayecto en el que falleció debido a un edema cerebral por la falta de oxigenación que le había provocado estar cinco horas dentro de un ataúd.
Una cadena de mala praxis médica que se reflejó en el coste de una vida humana.
Esta mañana, se cuestionó a López Obrador sobre las acciones que tomaría el Gobierno a partir del lamentable suceso.
A lo cual aseguró que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodriguez, se haría cargo de los daños colaterales ocasionados por las negligencias.
De esta forma, el mandatario se comprometió a revisar el caso y apoyar a la madre con la deuda funeraria producto de las muertes de la pequeña.
Imprimir artículo
