Patricia González, presidenta del Comité Pro Panteón de San Gregorio Atlapulco, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se le cierren carpetas de investigación por demandas en su contra.
Solicitó una audiencia con la fiscal Ernestina Godoy.
Para que le dé solución a este conflicto.
Aseguró que le fabricaron delitos por parte de operadores políticos del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta.
González hizo énfasis en su defensa del territorio, como autoridad tradicional del panteón comunitario.
Debido a que la alcaldía se quiere hacer de esos terrenos.
Obtuvo un amparo.
Después de recibir la primera notificación de las demandas, entre julio y agosto del 2022.
Las carpetas de investigación se dividen en dos principales acusaciones: una por presunta exhumación clandestina y otra por inhumaciones o funciones que realizó como presidenta del panteón.
“Aquí el que me demandó fue el Q de panteones Roberto Palomo Regino. Es el Q panteones de Xochimilco y aquí junto con otra familia Solalpa el cual en un principio se dio esa fosa comunitaria porque no tenían espacio, por hacer un acto de buena fe, ellos me voltearon la situación, me demandaron por presunta exhumación porque yo quería sacar esos los restos de su papá, cuando yo quería utilizar el segundo nivel para otra familia”.
Detalló las razones por las cuales le hicieron las demandas.
Palomo es el jefe de la Unidad Departamental de Panteones de Xochimilco.
Añadió que tiene información de otra nueva demanda, por despojo del panteón.
La presidenta del Comité Pro Panteón tuvo una mesa de diálogo con Martí Batres, el 20 de diciembre de 2022.
En donde se comprometió en poner fin a las acusaciones.
Hasta la fecha no he tenido respuesta de él.
Afirmó que está siendo amenazada y perseguida debido a su defensa de los territorios y su rechazo a ser sobornada o manipulada.
A diferencia de otras ex integrantes del comité que cedieron a estas presiones.
Por su férrea defensa del panteón, el 31 de julio recibió amenazas de muerte, González realizó la denuncia.
Este martes tuvo una cita en la fiscalía, para dar más información y dar con los responsables.
Patricia responsabilizó al alcalde José Carlos Acosta y a sus operadores políticos en caso de que algo le suceda a ella o a su familia.
Describe la intención de la alcaldía de Xochimilco de apoderarse del panteón comunitario y convertirlo en propiedad civil, permitiendo la participación de funerarias como Gayosso para lucrarse a expensas del duelo y el sufrimiento de las familias.
Profundizó en la preocupación por la posible expropiación y militarización del panteón, destacó los esfuerzos de su comunidad para defender sus derechos comunitarios y relató cómo la persecución y amenazas están afectando tanto su salud mental como la de su familia.
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