A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para disminuir el consumo de tabaco, las tabacaleras han logrado permear entre zonas grises de la regulación.
Esto aseguró Salud Justa, organización civil que ha logrado incidir en el último decreto del presidente al imperar en la problematización del uso de esta sustancia.
En octubre del año pasado, se firmó la prohibición de la importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos con la finalidad de controlar el problema.
Sin embargo, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró esta mañana que las medidas han sido insuficientes:
“…En el territorio nacional siguen circulando y comercializándose.
“La industria del tabaco, en cuanto visualizó la existencia del decreto y antes de que se lograra ejecutar la prohibición en los puntos aduanales, empezó a abastecerse.”
El funcionario denunció la violación por parte de estas empresas a las disposiciones del decreto mediante comercio electrónico.
Por esta razón, se ha decidido firmar un nuevo acuerdo que se aúna a las disposiciones anteriores y añade la prohibición de la circulación y comercialización de estos productos en el interior de la república.
Las medidas se presentaron como urgentes después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtiera sobre los riesgos para la salud que representan todas las modalidades de productos alternativos al tabaco.
La respuesta de las tabacaleras
Las tabacaleras aumentaron sus ventas de 878 a 1,246 millones de pesos al año, de acuerdo con el Inegi.
Debido a las cifras, empresas que comercializan con alternativas al cigarro contraargumentan las disposiciones asegurando que se trata de productos que sustituyen una conducta aún más nociva.
“El humo del cigarro que emiten los 15,6 millones de fumadores en México afecta a buena parte de la población no fumadora, según indica la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco”, aseguró El País.
De acuerdo con estas empresas, sus productos contienen hasta un 95% menos de sustancias nocivas.
Sin embargo, la ONU enfatizó que no están exentos de provocar daños a la salud.
Al respecto de la discusión de la ley de impuestos, el senador Luis Ortiz informó que estas acciones no eliminarán el problema, ya que se seguirán consumiendo de forma ilegal.
“Estamos dejando en manos del mercado negro la distribución, en lugar de permitir que algunas empresas los importen, paguen impuestos y sueldos.
«Estamos dejando ese tema en la informalidad y en la ilegalidad”, aseguró Ortiz.
No obstante, la regulación mediante la legalización de estos tampoco parece ser la respuesta a la problemática.
Adolescentes: los nuevos consumidores
Animal Político reportó que aún en los países en donde estos productos están regulados, su consumo en adolescentes es cada vez más preocupante.
Tal es el caso de Estados Unidos, que a pesar de que las leyes controlan este tipo de comercio desde 2016, más de dos millones de jóvenes entre 14 y 17 años usan vapeadores.
En el caso de México, en los últimos cinco años, Philip Morris Internacional (PMI), una de las empresas más importantes en este rubro pasó de 35,000 a 42,000 usuarios de calentadores de tabaco.
Salud Justa condenó a las tabacaleras ya que, plantearon, esta siempre busca acrecentar sus ganancias a costa de la salud, interviniendo en regulaciones acorde a sus intereses.
La organización también informó sobre la ilegalidad de la publicidad indirecta de estas compañías, quienes violan el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
Así, el año pasado PMI lanzó 1,100 anuncios en Facebook con un tono dirigido a un público joven, de acuerdo con datos de Animal Político.
Por su parte, esta aseguró que su único interés reside en el sector que ya consume la sustancia.
En contraste, en 2020, la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas reportó publicidad disfrazada a través de “influencers” que contaban con un público juvenil.
Los resultados de estas conductas se reflejan en datos que aseguran que, en un año, el conocimiento de adolescentes mexicanos de entre 12 y 13 años sobre los cigarros electrónicos pasó de 52% a 92% de acuerdo con un estudio del INSP.
Por esta razón, el gobierno apostó por cortar de tajo con la legalidad del uso de estos productos, con la esperanza de encontrarse con una disminución en el consumo del tabaco.
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