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Va UIF por hermana, esposa y ex colaborador de Lozoya. Incluye a AHMSA y plantea congelar sus cuentas bancarias



Ciudad de México.-En la investigación a Emilio Lozoya por el presunto soborno de 10 millones de dólares que recibió de la empresa Odebrecht, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la mira puesta en la hermana, la esposa y el secretario particular del ex director de Pemex.



Incluso, entre los personajes involucrados, las autoridades federales le siguen la pista al dinero y transacciones del influyente empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA). De hecho, esa compañía también es investigada.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo, le hizo un requerimiento de información el pasado viernes 24 de mayo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre la situación bancaria y financiera de ocho personas físicas y tres personas morales, entras las que se encuentran los allegados a Emilio Lozoya, Alonso Ancira, así como la compañía AHMSA.



Capital CDMX tiene una copia de ese documento, con número de oficio SIARA UIF/2019/000303, que Santiago Nieto le dirigió a Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV.



El oficio, que tiene el número de identificación de requerimiento 110/FB/1803/2019, cuenta con el sello de recibido de parte de la Comisión Bancaria el mismo viernes 24 de mayo. Bajo el sello aparece una leyenda que advierte del carácter reservado y confidencial de la información.



La fuente que otorgó a Capital CDMX este documento aseguró que las autoridades federales congelarán en esta semana las cuentas bancarias de todos los que aparecen en esa lista. Esa acción podría ocurrir este mismo lunes, de acuerdo con dicha fuente.



El congelamiento de las cuentas de Emilio Lozoya, de familiares y allegados, formaría parte de las acciones que ya ha emprendido el gobierno de López Obrador contra el ex director de Pemex, a quien la Secretaría de la Función Pública ya inhabilitó por 10 años al descubrir que mintió en su declaración de situación patrimonial.



En la lista de personas físicas investigadas por la UIF, ante el entramado de corrupción que significa el caso Odebrecht, destaca el nombre de Gilda Susana Lozoya Austin. Las autoridades de inteligencia financiera incluyeron en todos los casos el RFC de los sospechos y así, en cuanto a la hermana del ex director de Pemex, destaca que nació en septiembre de 1989.



Le sigue en esa lista Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya. La mujer, de origen alemán, es integrante de una poderosa familia dueña del consorcio Eckes Granini Deutschland, la cual domina el mercado europeo de jugos.



La UIF también indaga las operaciones financieras y bancarias de Rodrigo Arteaga Santoyo, el secretario particular de Lozoya en la dirección de Petróleos Mexicanos.



Este ex funcionario, trabajó también en el gobierno del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era el titular del Ejecutivo estatal. Rodrigo Arteaga era entonces el subcoordinador de Asuntos Internacionales del gobierno mexiquense.



En la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera destaca el nombre de Alonso Ancira Elizondo y también el de su empresa Altos Hornos de México.



El portal de Aristegui Noticias publicó en agosto del año pasado un reportaje donde hacia referencia a extrañas transferencias millonarias de AHMSA a la empresa brasileña Odebrecht y que, según esa investigación periodística, tuvo su punto de partida en enero de 2014, cuando Pemex hizo una sospechosa compra de activos y rehabilitó la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, la cual tenía 14 años sin operar y contaba con equipo obsoleto.



La planta de fertilizantes que adquirió Pemex, dirigido entonces por Lozoya, pertenecía a Altos Hornos de México.



"Un mes después de esa operación Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira, transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual también se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones.



"De las cuentas de Grangemouth salieron también los cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht", se lee en ese reportaje.



La lista de la UIF con los requerimientos de información a la CNBV incluye otros nombres de los que no se precisa cuál podría ser su involucramiento en el caso Odebrecht, aunque aparecen junto al nombre de Emilio Lozoya y dentro del mismo oficio.



Así, son investigados Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Yáñez Polo, ambos integrantes del Colegio de Contadores Públicos. El primero es propietario de la empresa Apoyo Personal en Outsourcing SA de CV, a través de la cual ha suscrito contratos de prestación de servicios con instituciones como la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.



Serafín aparece en 2016 como representante legal de otro empresa, Klarhes SA de CV, especializada en la digitalización de archivos, firmando un contrato con el gobierno de Miguel Ángel Mancera a través de la Secretaría de Turismo local que entonces encabezaba Miguel Torruco, hoy titular del ramo a nivel federal.



Del otro contador, Jorge Yáñez Polo, la única referencia encontrada es que funge como co director del despacho Jorge Yáñez y Cia S.C.



En la lista de personas físicas está María del Carmen Ampudia Cárdenas, sin mayor referencia de ella, así como las empresas Yacani SA de CV, una firma de origen alemán especializada en ofrecer servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.



La lista la cierra la empresa Rascurello SA de CV, una firma de servicios de asesoría contable, fiscal y financiera con sede en Zapopan, Jalisco.



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