Ubican ONGs deficiencias en leyes locales anticorrupción, entre ellas de la CDMX

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Ciudad de México.- Un total de 31 entidades, entre ellas la Ciudad de México, cuentan ya con las reformas constitucionales necesarias para la implementación de sus sistemas locales anticorrupción, sin embargo, en algunos estados como la capital del país no se respetó el modelo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Así lo detallaron la Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana como resultado del Semáforo Anticorrupción diseñado por esas organizaciones al cierre del plazo constitucional para la implementación de los sistemas locales anticorrupción.

En un comunicado de prensa, esas organizaciones recordaron que de acuerdo al mandato constitucional, los congresos de las entidades federativas tenían al 18 de julio como fecha límite para la implementación de sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), con funciones y estructura equivalentes al Sistema Nacional.

Agregaron que el 28 de febrero de este año presentaron el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, a fin de generar un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación, el cual documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones y las agendas legislativas locales. El estudio se compone por un semáforo de la reforma constitucional y un semáforo de implementación de la Ley de cada Sistema local.

Expusieron que 31 estados ya cuentan con reformas constitucionales, de las cuales 22 son satisfactorias, ocho regulares y una deficiente, la de Baja California. Sólo Chihuahua permanece sin una reforma constitucional, pero con una iniciativa de reforma constitucional satisfactoria.

Legislación insatisfactoria

En su comunicado de prensa, Coparmex, el IMCO y Transparencia Mexicana señalaron preocupaciones generales respecto a las leyes aprobadas en las entidades. Destaca el caso de la Ciudad de México, pues según estas observaciones, la Asamblea Legislativa es la que lleva a cabo el nombramiento del Secretario Técnico, sin respetar el modelo de la Ley General del Sistema Nacional, en donde no hay intervención del poder legislativo para ese proceso.

Además, en la ley se identifica a una Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana, pero no se especifica que debe estar compuesta por ciudadanos o algún otro de los requisitos considerados por el modelo del Sistema Nacional. Se agregaron dos miembros adicionales al Comité Coordinador del Sistema, como el Órgano de Control Interno del Congreso y el Consejo de Evaluación, cuando estos no forman parte del modelo nacional.

Precisaron preocupaciones para otras entidades, como que la reforma de Baja California es deficiente principalmente por la conformación de su Comité de Participación Ciudadana que es de 15 miembros, de los cuales 11 forman parte del Comité Coordinador.

En Tabasco, a pesar de tener una reforma constitucional regular, preocupa que no se establece la obligación explícita de presentar declaración patrimonial y de intereses.

En Hidalgo se agregaron 5 contralores municipales al Comité Coordinador, con valor de un voto que se toma por mayoría. Ese consenso se pone en peligro ante la ausencia de uno de los contralores.

Además, 29 estados ya cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción: 21 satisfactorias y 8 regulares. De las leyes satisfactorias, se estimó que tuvieron un 93.7% de adecuación a la Ley Modelo presentada por las organizaciones. Tlaxcala permanece sólo con una iniciativa de ley satisfactoria y aunque se tiene información de que el congreso sesionó, pero no hay información oficial sobre la aprobación.

Baja California y Jalisco ya tienen una ley aprobada el día 18 de julio, sin embargo, no se ha revisado el dictamen. Chihuahua y Veracruz continúan sin propuestas para diseñar sus SLA.

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