Ciudad de México.- La sobreviviente del “pacto suicida” en la delegación Magdalena Contreras, donde murieron cinco personas, Rosa María Cortés Espinosa obtuvo un amparo por la supuesta orden de aprehensión en su contra.
El Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal a través del juicio 540/2017, otorgó la suspensión de plano en contra de actos fuera del juicio la “detención ilegal de la quejosa”, “orden de detención”, para la mujer de 68 años que fue dada de alta el lunes pasado del Hospital Médica Sur.
“De conformidad con el artículo 165 de la Ley de Amparo, en caso de que la parte quejosa esté a disposición del agente del Ministerio Público señalado como responsable, el efecto de dicha medida cautelar consistirá en que la quejosa dentro del término de 48 horas o en un plazo de 96, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente”.
“En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente”, dice la orden judicial.
La sobreviviente, tendría que comparecer ante la autoridad ministerial para deslindar responsabilidades por los hechos ocurridos el pasado seis de junio en la colonia San Jerónimo Lidíce en la calle de San Bernabé en la delegación Magdalena Contreras.
Se presume que los adultos, Mireya Agraz Cortés, Roberto Agraz, y Rosa María consensuaron el suicidio colectivo y que le dieron a beber y comer a los niños una mezcla de fármacos, para luego ellos hacer lo propio, lo que dejó como saldo a cinco personas muertas, y la sexagenaria en estado grave, aunque logró sobrevivir.
En este sentido la autoridad ministerial informó que ya se dio complimiento con el fallo protector, por lo cual, al haber sido dada de alta el lunes pasado como se informó, no fue asegurada para presentarla ante el Ministerio Público donde sería entrevistada por la muerte de su hija, esposo y nietos, y las circunstancias en las que se dio en suicidio.
“…los informes de cumplimiento a la suspensión de plano de cuenta; atento a su contenido, se tiene a las autoridades oficiantes informando el cumplimiento dado a la medida suspensional otorgada en este procedimiento de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar”, se informó la PGJCDMX.
En el 2014 la pareja comenzó un litigio ante el Juzgado 11 de lo familiar en la ciudad de México por la custodia de los tres menores entre Mireya y su esposo Leopoldo Olvera, padre de los menores fallecidos.
Dos años después, la juez falló a favor del padre una vez que se comprobó que la madre no estaba en condiciones de conservar la custodia de los niños y la alienación a la que estaban sometidos, no sólo por ella, sino por los abuelos maternos.
La sentencia de la juez obligaba también a los abuelos maternos a no tener contacto con las niñas y el niño, para evitarle un grado mayor de afectación emocional, y los predispusieran en contra del progenitor.
Durante este proceso Mireya acusó en dos ocasiones a su cónyuge de abuso sexual por tocamientos, primero en contra de niño y años después contra una de las gemelas. En ambos casos, el Ministerio Público determinó que no existía ningún elemento de prueba.
Asimismo, entre 2016 y 2017 se hicieron cinco apercibimientos para que Mireya entregara los menores, pero se rehusó atender la orden judicial y el pasado siete de junio ocurrió el suicidio.
En la recámara donde fueron localizados los cuerpos se encontró una carta póstuma de Enrique, así como un sobre con dinero para los gastos funerarios, el testamentos, las escrituras de la casa, y datos sobre sus negocios.
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