Ciudad de México.-Con el objetivo de regular el control del gasto, uso racional de los recursos públicos y las remuneraciones que perciben los servidores públicos de la Ciudad de México, incluidos los de aquellos entes públicos dotados de autonomía, el diputado Carlos Castillo Pérez propuso una iniciativa que expide la Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignación de Recursos.
“Deben quedar atrás los tiempos de la vieja política, donde los lujos, excesos, protagonismos e impunidad eran el común denominador del ejercicio del poder; años de dispendio y derroche fueron la marca personal de un régimen caduco y añejo que ya terminó”, aseveró el integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
En la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, explicó que esta iniciativa dará cumplimiento a los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación, planteado por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
“No debe existir un gobierno rico, mientras el pueblo está empobrecido. Los servidores públicos deberán apegarse a los principios de honestidad, ética, transparencia y austeridad, sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de gastos médicos mayores, pagos extraordinarios, asignación de vehículos u oficinas”, puntualizó.
Ante el pleno legislativo, sostuvo que la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción serán herramientas fundamentales para lograr un gobierno austero y con sensibilidad a las necesidades de las familias.
Carlos Castillo Pérez aseguró que con la reducción del gasto corriente se lograrán ahorros sustantivos que permitirán reorientar el gasto público hacia los objetivos prioritarios como salud, educación, seguridad ciudadana, atención y gestión de riesgos, servicios de emergencia, entre otros rubros.
El legislador de Morena expuso que el Artículo 60 establece los principios rectores de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad: austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas.
La iniciativa establece principalmente que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta; sin la creación de nuevas plazas. El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos.
Además, la iniciativa contempla que no se crearán nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores; queda prohibida la utilización de recursos públicos para la contratación de servicios médicos privados para los servidores públicos, quienes gozaran de los servicios que otorgan las instituciones de seguridad social de acuerdo a la ley.
También se precisa que estarán prohibidos los seguro de separación individualizado y del seguro de vida de los servidores públicos de la Ciudad de México; no se podrán adquirir vehículos nuevos que no justifique su compra, excepto para labores de salud, atención y gestión de riesgos, seguridad y servicios de emergencia.
La iniciativa del diputado Carlos Castillo precisa que será obligatorio en las dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, y en los organismos con autonomía, reducir al máximo necesario los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos.
La propuesta de ley se turnó para su dictaminación a las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública.
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