Ciudad de México.- Es inquietante el camino que recorre la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa. Optaron por la política, desperdiciando la oportunidad de asumir todas las herramientas con que cuentan desde la perspectiva de su autonomía constitucional.
Saben que la única ruta sustentada en pruebas es la que ya se conoce: los jóvenes de la escuela normal Ignacio Burgos fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y de Cocula y entregados a sicarios de los Guerreros Unidos, en complicidad con autoridades municipales.
Los autores materiales de estos hechos están plenamente identificados y varios de ellos en prisión.
Quizá por ello, porque está narrativa no resulta convincente para culpar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ahora exploran en los alrededores del caso, en la forma en que fue conducido, en cómo se investigó.
Por eso el villano de la película no es el jefe de los Guerreros Unidos, quien mandó asesinar a los muchachos, sino el policía que indagó el caso, Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
De Zerón dicen que se robó mil millones de pesos y que ello fue el pago por construir todo un sistema de torturas, abusos y encubrimientos.
Es inverosímil lo anterior. ¿Por qué tendrían que dejar que se hiciera millonario a cambio de una u otra ruta en las indagatorias? ¿Dónde está el servicio al régimen por encontrar los restos calcinados de un normalista? ¿Qué diferencia hay entre el río San Juan u otro punto en las cercanías de Iguala?
Pueden existir irregularidades administrativas derivadas de contrataciones, pero no que todo el dinero hubiera quedado en los bolsillos del policía. ¿Mil millones y nadie se dio cuenta, incluidos quienes llevan 21 meses en el poder?
Se va a requerir mucho más que un enunciado para que esto se acredite algún día ante un juez, cuando Zerón sea detenido.
Es evidente que el giro en la narrativa, ya presente desde hace tiempo, consiste en culpar a policías locales y federales, añadirles un puñado de militares y consignar también a ministerios públicos y, si se puede, a un ex procurador, para olvidar lo central: la fuerza corruptora de una organización delictiva en uno de los municipios más relevantes de Guerrero y de paso la presencia del narcotráfico en el propio plantel de Ayotzinapa.
El problema, por lo visto, es que todos saben que se trata de un crimen de Estado, por la participación de autoridades, pero no como lo quisiera el relato que intenta desvanecer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida aquella noche terrible de septiembre hace seis años.
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