Inician 15 aspirantes en el proceso para designar Fiscal electoral de la CDMX



Ciudad de México.-El proceso está abierto para designar al primer Fiscal Especializado de Atención a Delitos Electorales de la CDMX, uno de los cargos que surgen por mandato de la Constitución capitalina y que es parte del Sistema Local Anticorrupción.



Un total de 15 aspirantes se inscribieron al proceso, entre quienes están personas con perfiles profesionales de distintas características, varios de ellos con enfoque penalista; también hay gente que está o que ha pasado por instituciones electorales a nivel local y federal, y por supuesto, hay perfiles vinculados con partidos o con integrantes de la clase política.



El Consejo Judicial Ciudadano informó que el día de ayer miércoles 2 de septiembre se dio por concluido el período de registro de aspirantes a titular de la Fiscalía electoral.



De los aspirantes hay quien destaca que ha trabajado en el Cisen, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el caso de Ramón Celaya Gamboa, un maestro en Ciencias Penales que hoy labora en una consultora especializada en diagnósticos en seguridad, capacitación a cuerpos policiacos, diseño de equipos de seguridad patrimonial, investigaciones, entre otras.



Hay quien hoy desde una instancia de procuración de justicia busca el cargo de Fiscal Electoral, como Alma Elena Sarayth de León Cardona, quien labora con Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia capitalina, como directora general de Planeación y Coordinación.



Su experiencia en materia electoral se sustenta porque en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México fungió como Secretaria Auxiliar, Secretaria de Estudio y Cuenta y Directora del Centro de Capacitación.



Para el proceso electoral federal 2017-2018 fue designada, por convocatoria pública, Coordinadora de Procedimientos Administrativos Sancionadores en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.



Desde el Ejecutivo federal hay quien también mira hacia el cargo de Fiscal electoral capitalino, como Roberto Leonardo Duque Roquero, titular de la Unidad de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.



Académico de la UNAM, Duque fue asesor en el IFE y también secretario de estudio y cuenta en la Sala Superior del TEPJF. Cercano a Ricardo Raphael, fundaron juntos el portal Violómetro Constitucional en el CIDE.



La trayectoria enfocada en el derecho penal no es impedimento para las aspiraciones de candidatos como Miguel Espejel Ramírez, quien aunque laboró como secretario auxiliar en el Tribunal Electoral capitalino, su perfil se caracteriza sobre todo por su labor como agente del Ministerio Público, a grado tal que ocupó el cargo de fiscal desconcentrado en Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras e Iztapalapa.



Un perfil con una evidente cercanía con la 4T es el de Lorena Espinoza Granillo, quien ocupó el cargo de asesora del diputado Maurilio Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de México. Desde esa posición, Espinoza Granillo intentó ocupar el cargo de magistrada electoral en esa entidad, pero no lo logró.



Lorena Espinoza trabajó en la Unidad de Asuntos Jurídicos del desaparecido IEDF, donde también fue coordinadora de asesores de la Secretaría ejecutiva. En esa institución laboró por 12 años y luego estuvo otros tres en el TEDF, donde fue directora de área en la dirección general jurídica.



En el IEDF coincidió con otro que hoy aspira a la Fiscalía electoral de la CDMX, como Miguel Ángel Granados Atlaco, quien fue titular de la Unidad del Secretariado del Instituto Electoral capitalino.



Granados Atlaco es profesor en la UNAM y tiene una trayectoria académica brillante. Tiene tres carreras, la de Derecho, la de Ciencias Políticas y la de Filosofía. Obtuvo dos veces la medalla Gabino Barreda y es doctor en Derecho con mención honorífica, pero sus aspiraciones para llegar a la Fiscalía electoral podrían verse truncadas pues desde el 2017 el colectivo UNAM Sin Censura lo acusó de haber acosado sexualmente a una alumna de segundo semestre de la Facultad de Derecho.



En la lista de quienes se registraron al proceso para convertirse en fiscal electoral está Armando Hernández Cruz, quien fuera el magistrado presidente del Tribunal Electoral del DF en el sexenio anterior.



Doctor en Derecho, el currículum de Hernández podría no ser factor para lograr que la balanza se incline a su favor.



En este caso las filias políticas jugarán en su contra, pues se le vincula con los ex jefes de gobierno Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, por lo que en esta 4T tiene escasas posibilidades de llegar al cargo.



También está en la lista Karina Jardines Zamorano, quien aspiró a ser magistrada anticorrupción. Jardines ha fungido como secretaria auxiliar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre agosto del 2008 y abril del 2013. También laboró en el Tribunal Electoral capitalino.



En un plazo máximo de cinco días hábiles el Consejo Judicial Ciudadano determinará y dará a conocer al público quiénes de los 15 aspirantes cumplen con los requisitos para ocupar la Fiscalía Especializada y que, por ello, podrán continuar a la siguiente etapa del proceso de selección de la terna que será enviada al Congreso de la Ciudad.



Publicado el listado de las personas aspirantes que cumplan con los requisitos constitucionales, el Consejo iniciará la etapa de análisis de la curricula vitarum y dará a conocer a través de su página http://consejo.congresocdmx.gob.mx/wp/ la versión pública de la documentación entregada por los aspirantes.



Simultáneo a lo anterior, se abrirá el período para recibir de la ciudadanía la información sustentada para demostrar o desvirtuar el cumplimiento de los requisitos legales, la capacidad técnica, la calidad ética y humana de las personas aspirantes. Esta información se recibirá, en no más de dos cuartillas en las que sustente su dicho, hasta antes del inicio de la etapa de las entrevistas personales en el correo electrónico consejojudicialciudadano@gmail.com; deberá estar firmada con todos los datos de identificación de quien la proporcione.



Esta información será para uso exclusivo del Consejo Judicial Ciudadano y tendrá carácter reservado.