Ciudad de México.- Los grupos criminales están influyendo en la elección. Lo hacen amenazando o matando ahí donde tienen intereses. Intentan que la fuerza se imponga a las urnas, las balas a los votos.
El caso más reciente es el de Abel Murrieta, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora. Recibió varios disparos en una acción directa, mientras repartía propaganda electoral.
Si alguien sabía de la seguridad y de sus riesgos, era precisamente él, ya que había fungido como procurador del estado durante las administraciones de Eduardo Bours y de Guillermo Padrés.
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Estaba actualizado porque fungía como abogado de la familia LeBarón, para coadyuvar en las indagatorias sobre la masacre en que perdieron la vida nueve integrantes de esa familia, en un hecho que las autoridades atribuyen a La Línea, uno de los brazos ejecutores y operativos del Cártel de Juárez.
Las campaña de Murrieta tenía como eje precisamente el combate a la criminalidad y la seguridad para los ciudadanos de ese municipio.
Estamos a tres semanas de las elecciones y el panorama se torna por momentos inquietante y sin que se perciba que los responsables de propiciar la tranquilidad estén haciendo su trabajo de la manera más adecuada.
Todo esto es delicado, porque nunca se sabe hasta dónde llegarán las escaladas y que es todo lo que está detrás de ellas. En el pasado este tipo de hechos se han circunscrito a situaciones puntuales y muchas veces perpetradas por células violentas y no siempre bajo control.
Los narcotraficantes mexicanos, sus grandes jefes, no han aspirado al poder político. A diferencia de Colombia y en particular de Pablo Escobar Gaviria, ha preferido la compra de protección y la discreción.
Esto es, intervienen para garantizar la continuidad de sus negocios, para evitar la llegada de personajes que pueden comprometerlos o ponerlos en riesgo.
En el ámbito local, esto no siempre es así y hay alcaldes claramente identificados con el crimen organizado o a su servicio. En Michoacán, en la región de tierra caliente, esto es más común de lo que parece y es ya un riesgo inclusive para la gobernabilidad.
Las autoridades y en particular las federales, tienen que hacer algo al respecto, porque las policías municipales suelen estar muy mal preparadas y con frecuencia se ponen al servicio de los bandidos.
Las rutas de la violencia siempre son inciertas y más aún en contextos de debilidad institucional como el que padecen una gran cantidad de municipios.
La historia muestra que la irrupción delincuencial en la política, puede generar problemas de un calado mayor e inclusive desatar crisis. No hay que esperar a que esto ocurra y para ello se requieren estrategias claras que contengan a los grupos violentos y que sirvan de disuasión para otros.
Nunca se sabe cuánto tiempo queda, antes de que sea demasiado tarde y los lamentos sean más pronunciados.
*Publicado en Forbes el 18 de mayo de 2021
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