Diputados cierran periodo de sesiones con un cúmulo de pendientes; prefirieron el asueto de fin de año

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Ciudad de México.-El Congreso capitalino cerró este 15 de diciembre el que será su penúltimo periodo ordinario de la primer Legislatura con un cúmulo de pendientes sin resolver y, aunque los diputados se mostraron inicialmente dispuestos a celebrar un extraordinario para sacar todos los temas que quedaron en el tintero, al final prefirieron bajar la cortina e irse de vacaciones de fin de año.

Los diputados se van contentos a este asueto, pues antes de dar por concluido el periodo de sesiones se aprobaron un presupuesto para el 2021 por mil 743.6 millones de pesos, el cual es superior en 343 millones al que le sugirió la Secretaría de Administración y Finanzas en apego a la austeridad y racionalidad de gasto que impone la pandemia por Covid-19. 

Al inicio de la semana, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva acordaron en una sesión de Conferencia llevar a cabo este jueves 17 de diciembre un periodo extraordinario, pero de última hora prefirieron irse de asueto y dejar todo hasta el próximo año, a pesar de que desde las comisiones se tenían ya listos innumerables dictámenes de reformas en temas de derechos humanos, procuración de justicia, igualdad de género, entre otros.

Así, por ejemplo, en la larga lista de pendientes y en materia de procuración de justicia se juntaron temas importantes que al menos este año no se convertirán en decreto y por lo tanto no entrarán en vigor, como una reforma al Código Penal de la CDMX para establecer que serán imprescriptibles los delitos de pederastia, es decir, la violación y el abuso sexual cometidos en contra de menores de 12 años.

Esa reforma, que surgió a partir de una iniciativa de la jefa de gobierno, establecía una pena de prisión de 12 a 20 años, además de la destitución e inhabilitación de los servidores públicos que encubran esos ilícitos.

Respecto al Código Penal también tendrá que esperar una propuesta de reforma denominada “Ley Ingrid”, para sancionar la filtración de imágenes de víctimas por parte de funcionarios o servidores públicos, entre ellos policías preventivos, de investigación y agentes del Ministerio Público.

La adición a un artículo 293 Quarter  impone hasta 6 años de cárcel al servidor público que de manera indebida entregue, revele, publique, exponga, distribuya, videograbe o audiograbe, reproduzca, comercialice o comparta imágenes, así como documentos, objetos e indicios del lugar donde se cometió un delito contra una persona.

Tampoco verá la luz en el corto plazo otra iniciativa que surgió a propuesta de la jefa de gobierno, en este caso en materia laboral, para aumentar de 5 a 45 días el derecho a la licencia de paternidad por parte de trabajadores varones, después del nacimiento de su hijo o la adopción de un infante.

En el tintero también quedaron dos iniciativas ciudadanas que no llegaron a convertirse siquiera en dictamen, para crear una Ley de Trabajo No Asalariado y que regularían el comercio en vía pública de la Ciudad de México.

Para este caso los diputados locales están en deuda desde febrero pasado, cuando se comprometieron a aprobar el dictamen, y a pesar de las exigencias de las promotoras de esas propuestas, las dirigentes del comercio informal y líderes antagónicas de vendedores en el Centro Histórico: Diana Sánchez Barrios y María Rosete.

Hubo temas polémicos que si alcanzaron a convertirse en dictámenes, pero que a pesar de la denuncia y la exigencia de legisladores de Morena no han visto la luz, como una reforma al Código Civil para permitir a menores de edad el cambio de género en su acta de nacimiento conocida como Ley de Infancias Trans.

Aquí, el legislador morenista y uno de los principales impulsores de la reforma, Temístocles Villanueva, acusó que el Congreso de la Ciudad está secuestrado por una ultraderecha que se niega a reconocer amplios derechos a menores de edad.

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