Ciudad de México.- La detención arbitraria es la principal causa de violaciones a los derechos humanos de los imputados en la Ciudad de México de acuerdo con la Dirección de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, por ello, algunas veces se tiene que decretar la libertad del acusado.
Al respecto, Guillermo Evando Aguilar, director del área de la Defensoría Pública explicó que debido a la detención fuera la flagrancia es que se dan violaciones arbitrarias, pues no hay una justificación legal para detener al imputado aunque la víctima lo señale como su agresor.
Advirtió que los uniformados justifican la aprehensión alegando flagrancia, sin embargo, al momento de confrontar su dicho con los presuntos responsables no pueden sostenerlo con elementos fehacientes, y las contradicciones sobre la captura se ven reflejados cuando se llena el Informe Policial Homologado.
La flagrancia bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio tiene un tipo específico que es cuando el uniformado vio directamente la acción criminal, intervino inmediatamente para detener al delincuente, ya sea a petición de parte o por iniciativa propia, y nunca lo perdió de vista, se debe realizar a pocos metros del lugar de los hechos, de lo contrario deberá solicitar una orden de aprehensión a un juez a través del Ministerio Público.
De esta forma la Defensoría Pública, quien defiende a los imputados, solicita a la autoridad ministerial que se fundamente la detención del imputado, presentado pruebas periciales y alegatos técnicos con respecto al tiempo, lugar y circunstancia que se dio el delito y si hubo flagrancia obvia.
Ante la imposibilidad de justificar este hecho, el juez de control debe aplicar la ley, y decretar de ilegal la detención del imputado, aunque se trate de un reincidente.
Sin embargo, antes de realizar modificaciones al artículo 19 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales como proponen algunos actores políticos del gobierno federal y local, se deben reforzar las áreas donde se han detectado algunas circunstancias que son perfectibles, entre ellas, la Unidad de Medidas Cautelares (UMC).
En estos casos la UMC debe ponderar la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas, y valorar a fondo si esta persona es un riesgo para su entorno familiar, y en su caso negar las medidas cautelares solicitadas, y se proceda a decretar la prisión preventiva justificada.
Hasta agosto del 2017 la Defensoría atendió en promedio a 22 mil 824 personas mensualmente, entre asesorías, defensas y patrocinios realizados, estos último en lo que son juicios familiares o administrativos, y en el 96 % de los casos en los que asume la defensa obtiene una sentencia o un convenio favorable para el representado.
Los imputados son principalmente por los delitos de robo simple, delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de droga, y violencia intrafamiliar.
En el periodo referido se asumió la defensa de 49 mil 315 imputados, y se dieron 64 mil 866 asesorías, esto en materia penal; en materia civil, familiar, arredramiento inmobiliario y mercantil; se dieron 35 mil 441 asesorías familiares, 6 mil 317 civiles, 4 mil 041 en otras materias; 9 mil 715 patrocinios.
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