Ciudad de México.-Representantes de organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, integrantes de comisiones de participación comunitaria (Copacos) y vecinos en lo particular, dirigieron una carta a diputados del Congreso capitalino y a Claudia Sheinbaum, a través de la cual emiten comentarios donde refutan siete propuestas de nombramiento a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad (TJA) que hizo la jefa de gobierno.
Al señalar conflictos de interés, falta de probidad, perfiles inadecuados y hasta antecedentes de ilegalidad, los firmantes pidieron a los legisladores no ratificar las propuestas de la mandataria capitalina y, en consecuencia, plantearon que se hagan nuevos nombramientos con perfiles legal y éticamente idóneos.
“De ser ratificadas las propuestas referidas, se estaría dejando de observar diversas disposiciones normativas así como la falta de elementos éticos y de legitimidad social de esas mismas personas citadas. Se estaría dando continuidad y avalando las prácticas jurisdiccionales y de administración interna que han dañado y corrompido al Tribunal”, advirtieron.
La misiva está suscrita por las asociaciones La Voz de Polanco, Suma Urbana, Ruta Cívica, Ciudadanía 19S, así como por las Copacos de San Ángel y San Ángel Inn, el Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco, El Rosedal Unido AC, Granadas Resiliente, 06600 Plataforma Vecinal y el Observatorio la colonia Juárez.
Además, lleva la firma de 41 ciudadanos de zonas como Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, de Los Morales Sección Palmas, y de las alcaldías de Coyoacán, Tlalpan, Gustavo A Madero, Álvaro Obregón, entre otras.
En la carta, recordaron que los Magistrados Estela Fuentes Jiménez, José Arturo de la Rosa Peña, Ernesto Schwebell Cabrera y Arturo González Jiménez –hoy propuestos para ratificación–, tenían ya opiniones negativas para un nombramiento como magistrados de la Sala Especializada Anticorrupción, lo cual quedó expuesto en una carta entregada a la entonces ALDF por parte de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, fechada el 25 de junio de 2018.
Hoy dijeron refrendar aquellas opiniones y así señalaron el caso de Estela Fuentes Jiménez, propuesta para repetir como magistrada de la Sala Superior Ponencia 2.
Explicaron que el nombramiento de Estela Fuentes Jiménez fue para ocupar el lugar de la Magistrada Victoria Quiroz Pesquera en la Sala Superior, además de que el mismo fue hecho fuera de tiempo y también fuera de la Ley, ya que cuando Estela Fuentes fue nombrada en la citada Sala superior, en el mes de mayo del 2015, Quiroz todavía era legalmente magistrada y por tanto Fuentes ocupó una plaza que no estaba vacante.
“Estela Fuentes fue nombrada Magistrada de Sala ordinaria en mayo del 2012 por su cercanía con Yasmín Esquivel, de quien fue compañera de generación, a pesar de que no cumplía con los requisitos”, pues cuando fue designada se desempeñaba como Jueza de lo penal en el Estado de México, aunque el artículo 4 de la Ley Orgánica del citado Tribunal señala que para ser magistrado se debe de contar con una práctica profesional y experiencia mínima de 5 años en materia administrativa y fiscal, acusaron los ciudadanos en la carta.
Sobre la ratificación de José Arturo de la Rosa Peña como magistrado de la Sala Superior Ponencia 3, recordaron que obtuvo el nombramiento en el mes de agosto del 2012, después de haber sido Secretario de Acuerdos y Secretario General de Acuerdos, este último cargo con la hoy Ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa en la presidencia del Tribunal.
A diferencia de los otros nombrados en el período de Esquivel Mossa, De la Rosa Peña sí había laborando en el Tribunal; no obstante, su nombramiento se debió a su apoyo a la magistrada Esquivel desde la llegada de esta última al Tribunal, por la cercanía que construyó con la propia Presidenta y a la supuesta intervención a su favor del entonces Secretario de Gobierno Héctor Serrano, a petición expresa de Esquivel.
Sin embargo, su nombramiento fue irregular e ilegal porque se hizo sin que mediara dictamen por parte de las comisiones en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dado que fue hecho directamente por el Pleno de la Asamblea, precisamente por la supuesta intervención de Serrano.
De la Rosa fue el encargado de desechar alrededor de 54 demandas de vecinos de la Delegación Coyoacán, que en su oposición al establecimiento de parquímetros en esa Delegación habían acudido al Tribunal a demandar la nulidad de esos actos de autoridad.
Otra propuesta de ratificación, a Magistrado de la Segunda Sala Ordinaria Ponencia 4, es la de Ernesto Schwebell Cabrera, quien fue nombrado en 2014 como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo después de haber sido Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad.
“Este nombramiento que presuntamente fue hecho gracias a su cercanía con el entonces Consejero Jurídico, Ramón Amieva, fue una clara situación de conflicto de intereses, ya que el Tribunal es responsable de analizar la legalidad o ilegalidad de las resoluciones que en materia administrativa dicten las autoridades del citado Registro”, acusaron los vecinos en la carta.
Sobre el caso de Arturo González Jiménez, propuesto por Claudia Sheinbaum para ser ratificado como Magistrado de la Tercera Sala Ordinaria Ponencia 8, los ciudadanos subrayaron con mayúsculas que no cumple con los requisitos de gozar de buena reputación, honorabilidad, competencia y excelencia profesional, establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Recordaron que fue magistrado del Tribunal de lo Contencioso desde 2014, pero en mayo de 2016 fue señalado por el entonces delegado en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, de haber revertido la clausura de una tienda Chedraui en el pueblo de Tulyehualco, a pesar de que la sala quinta de la propia institución había ordenado reposición de sellos.
Antes de este nombramiento, González Jiménez fue Coordinador de Evaluación de la Contraloría General del Distrito Federal, cargo al que renunció después de haber sido detenido por dar positivo en un alcoholímetro en marzo del 2014, conducta en la que reincidió ya que había sido detenido en la misma circunstancia en el mes de enero de ese año, en medio de un pequeño escándalo que se documentó en la prensa.
Su nombramiento, interpretado como un “rescate” para que volviera a ser funcionario público, fue gracias a su supuesta cercanía con el entonces Consejero Jurídico, José Ramón Amieva, quien propuso ese nombramiento al Jefe de Gobierno, mismo que estuvo de acuerdo pasando por alto sus antecedentes.
“Además de su conducta infractora, el nombramiento de Arturo González es una muestra más de cómo al Tribunal siguen enviando a ex funcionarios públicos que van a seguir las orientaciones gubernamentales, en un claro conflicto de intereses, ya que ellos son los encargados de juzgar la conducta administrativa de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México”, se lee en la misiva.
Sobre otras propuestas de nombramientos en Ponencias que se encuentran vacantes, los firmantes de la carta acusaron a Ofelia Paola Herrera Beltrán, de haber actuado de forma ilegal en su carácter de secretaria General de Acuerdos del TJA, para desechar demandas en contra de un acuerdo emitido en agosto de 2015 por la Secretaría de Movilidad.
Mencionaron el caso de María Luisa Gómez Martín, quien en el mes de abril del 2012 fue nombrada Secretaria General de Defensoría de Oficio. “El nombramiento fue ilegal porque ese cargo es parte de la carrera jurisdiccional, y por tanto debió de haber sido ocupado por alguien que ya estuviera trabajando en el Tribunal como secretario de acuerdos.
“Gómez Martín nunca había trabajado en el Tribunal y entró de manera directa a ocupar ese cargo, lo que causó molestia entre los secretarios de acuerdos de entre quienes se debió de nombrar al Secretario General de Defensoría”, se señala en la carta.
Otra propuesta que hizo Claudia Sheinbaum de nueva magistratura fue en favor de Nicandra Castro Escarpulli, quien ocupa el cargo de Contralor Interno en el Tribunal .
Recordaron que en el mes de mayo del 2012 la Sala Superior del Tribunal nombró Contralora Interna a Nicandra Castro, sin que contara con los requisitos para ocupar ese Cargo, pues el artículo 16 de la Ley del Tribunal establece que el Contralor Interno del Tribunal deberá de tener una experiencia de cuando menos 3 años en materia de contralorías, lo cual la nueva funcionaria no tenía, pues su expertise había sido
exclusivamente como policía de investigación, ya que durante varios años laboró como agente del Ministerio Público Federal e incluso como Fiscal Anti Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR.
A Castro Escarpulli se le recuerda porque su actuación en dichas instancias penales quedó en entredicho, cuando, entre otros casos, pretendió favorecer a policías federales que torturaron y asesinaron a Alejandro Vélez, acusado falsamente de secuestro, por lo que el gobierno federal tuvo que pagar posteriormente a la familia de la víctima una indemnización de casi 400 mil pesos, por la pésima investigación del secuestro de la hija del empresario deportista Nelson Vargas.
“Con el nombramiento ilegal de Nicandra Castro como Contralora, incurrieron en el delito de Ejercicio Ilegal del Servicio Público tanto ella misma como los miembros de la Sala Superior que la nombraron, al caer en el supuesto que señala la fracción I –del artículo 259 del Código Penal para el Distrito Federal”, argumentaron los vecinos en esta misiva.
El documento de los ciudadanos está dirigido a todos los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, donde se elaborará el dictamen de ratificación.
Además, estas opiniones se emiten dentro del proceso parlamentario establecido en la misma Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, para recibir opiniones ciudadanas sobre esas propuestas de designación.
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