6,226 carpetas de investigación fueron abiertas por el delito de tortura durante 2022, un incremento del 11% con respecto al año anterior; solamente 82, es decir el 1.31% del total de casos a nivel nacional, llegaron ante un juez o un tribunal.
Este es uno de los principales hallazgos del informe 2002 del Observatorio Contra la Tortura, presentado este martes en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las varias organizaciones que forman parte del observatorio.
Este informe, a través del análisis de información solicitada a instituciones públicas, evalúa a la aplicación que se ha hecho de las obligaciones establecidas en La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México, aprobada en junio de 2017 y también conocida como Ley General contra la Tortura.
Las fiscalías generales de los estados encabezan la lista de las principales autoridades señaladas por cometer actos de tortura, con un 50.9%; en segundo lugar se encuentran las secretarías de seguridad ciudadana de cada entidad, concentrando un 30.8% de las denuncias; mientras que el sistema penitenciario acumula un 4.3% de las denuncias. Un 5.8% está clasificado en «por determinar» y el 1.7% restante está señalado como «otros».
Otro dato a destacar es que el 81% de las víctimas de tortura y/o malos tratos registradas en el informe, no tuvieron acceso a un peritaje médico-psicológico, peritajes que las fiscalías están obligadas a realizar; la falta de peritos especializados puede ser una de las las razones detrás de esta cifra de omisión.
No obstante, otra posible razón apunta a la imparcialidad ante los casos de tortura, que parece ser la regla al interior del poder judicial, pues solamente 8 de 23 fiscalías reportaron al menos un caso en donde existe una correlación entre el relato de la tortura y la evidencia física y psicológica. Citando al propio informe «En la mayoría de los estados, el 100% de los peritajes realizados por peritos de las fiscalías señalaron que no hay correlación entre los relatos y los hallazgos físicos y psicológicos»
Siendo las fiscalías la principal institución señalada por tortura y además existiendo un alto índice de omisión en la investigación de estos casos al interior de dichas instituciones, el informe sugiere que la tortura sigue empleándose como un método de investigación de delitos.
El informe, asegura:
«Una de las principales finalidades de la tortura en México es la obtención de confesiones u otras pruebas que puedan ser utilizadas contra las personas acusadas ante los tribunales.»
Además de que las fiscalías torturan para investigar, no investigan la tortura.
Hallazgos de este informe rebaten el reiterado argumento de que la falta de acceso a la justicia en este país se debe principalmente a la falta de recursos y personal en las instancias del poder judicial
El Observatorio logro identificar que en aquellas fiscalías en las que si judicializaron al menos una carpeta de investigación por tortura, en promedio, cada agente del ministerio público tiene 53.1 carpetas asignadas; mientras que en las fiscalías donde ninguna carpeta se judicializó, la cantidad de carpetas asignadas a cada agente del MP es de 52.2; lo que indica que la carga de trabajo no es un factor determinante para la falta de justicia en los casos de tortura.
Respecto a la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, se analizó si la creación de fiscalías y unidades especializadas, que en 2022 eran 17 y 4 respectivamente, incidió en la capacidad que estas tienen para investigar y sancionar la tortura; el informe encontró que solamente el 30% de las fiscalías han aumentado la judicialización desde el 2019, en contraste con el 70% restante se han estancado en ceros.
Por lo que no existe una relación entre la creación de fiscalías y unidades especiales para la tortura con la cantidad de casos que acceden a un proceso de justicia.
Respecto al presupuesto de estas instituciones, en 2022, solamente ocho fiscalías especializadas (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y la Federal) contaron con recursos propios destinados a la persecución de la tortura, mientras que el resto dependieron del presupuesto general.
Partiendo de esta información se concluye que el 75% de las fiscalías con presupuesto propio no llevaron ninguna investigación por tortura ante un juez además de que el 62% no aumentaron el numero de carpetas abiertas, mientras que el 80% de las fiscalías con investigaciones judicializadas no contaron con partidas presupuestales específicas; por lo que la falta de recursos parece no ser un factor determinante para el castigo de la tortura.
Atención a víctimas de tortura
Respecto a la obligación que el Estado tiene para con las víctimas de tortura, el informe hace una revisión del desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo del Gobierno Federal que durante 2022 registró un total de 244 personas víctimas de tortura y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes, de las cuales 96 fueron ingresadas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y 148 en los Registros Estatales de Víctimas.
1,222 víctimas de tortura recibieron medidas de ayuda por parte de la CEAV (214 proporcionadas a nivel estatal y 1008 a nivel federal). Solamente 10 de estas fueron medidas de reparación integral.
El informe contempla otros aspectos como la participación de organismos públicos defensores de Derechos Humanos así como el papel que juegan instituciones de la sociedad civil. Además, hace un monitoreo detallado de datos por entidad .
El informe, fue elaborado con apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Jesús Peña, Represente Adjunto de ese organismo, acudió a la presentación. Otras organizaciones como Documenta, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) participaron en la elaboración del informe.
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