En el Tribunal Electoral de México estalló una crisis institucional y legal. Cinco magistrados determinaron la remoción de José Luis Vargas como presidente del órgano electoral.
En su defensa, el depuesto acusó se trata de un “albazo” y advirtió que la separación del cargo sólo puede ser por renuncia, no por destitución.
A través de un video en sus redes sociales, Vargas dijo que se trata de una ruptura constitucional y legal.
Llamó al diálogo y a la institucionalidad, lo que nunca hizo como presidente del Tribunal, porque siempre quiso imponer sus decisiones.
Iniciará una guerra de alto perfil. Se aferrará a la Presidencia que hasta ayer ostentó. Ese cargo implica muchos privilegios de carácter político y económico.
Tiene el apoyo de la magistrada Mónica Soto, pero parece haber perdido el de Palacio Nacional.
De no ser así, los cinco “rebeldes” difícilmente se hubieran atrevido a tomar una decisión de esa naturaleza.
Crisis en el Tribunal Electoral de México
Sobre todo, ahora que el Tribunal tiene que desahogar las impugnaciones de las elecciones federales y estatales del pasado 6 de junio.
Janine Otálora, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera e Indalfer Infante eligieron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la institución.
Los conflictos en el TEPJF obstaculizan los asuntos jurisdiccionales por una Presidencia que creyó que tenía el monopolio de las decisiones que son libres e independientes.
Vargas, inmerso en la polémica
El hasta ayer presidente del órgano electoral está inmerso en la polémica, no sólo por su desempeño al frente del órgano judicial.
También por las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por supuesto enriquecimiento ilícito.
En la sesión de ayer, Felipe de la Mata Pizaña pidió entrar al debate del desempeño y funciones del presidente del Tribunal.
Vargas, en oposición, acusó que se trata de un “golpe de Estado”. Se negó a poner a discusión el tema y decretó unilateralmente un receso.
No hubo diálogo para solventar el conflicto interno y la magistrada Janine Otálora, en su calidad de decana, asumió la presidencia del Tribunal Electoral.
Esa acción sólo tuvo como propósito encabezar la destitución de Vargas, la cual fue unánime de los cinco magistrados presentes en la sesión.
El Tribunal es un hervidero. ¿Quién pondrá orden?
Si las investigaciones de la UIF en su contra son sólidas, tendrá que deponer su intención de mantenerse en la presidencia del Tribunal.
Aunque Vargas ha negado que haya irregularidades en su patrimonio personal y familiar, y es importante respetar la presunción de inocencia.
El expresidente del máximo órgano electoral es denostado por integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, es reprobable que se le llene de adjetivos. Habría que probar las acusaciones en su contra.
Habrá que estar atentos al desenlace de lo que suceda en el Tribunal en los próximos días, porque viene una controversia legal de pronóstico reservado.
También habrá que esperar lo que hoy diga en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahí podría dirimirse el futuro del Tribunal Electoral y de su presidencia
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