Para la directora de la organización Suma Urbana, Josefina Mac Gregor, la iniciativa de reforma legal para combatir la corrupción inmobiliaria que ayer presentó Martí Batres es confusa e incompleta.
Mac Gregor recordó de entrada que los actos de corrupción inmobiliaria ya contemplan sanciones legales, pero sencillamente esas penas no se aplican.
Así, dijo, lo que ha prevalecido desde hace dos décadas es la impunidad en un sistema sumamente complejo que abarca a toda la Ciudad y a muchas instituciones.
La especialista en temas de desarrollo urbano consideró que la iniciativa de Batres es poco clara respecto a sus planteamientos y alcances.
CORRUPCIÓN EXTENDIDA
Recordó que existe un esquema de corrupción en el sector inmobiliario denunciado hace años.
En ese esquema participan funcionarios de SEDUVI, Alcaldías, SEDEMA, INVEA, SEMOVI, jueces, responsables de obra, notarios, registro público de la propiedad, entre muchos otros.
El origen de esa corrupción, añadió, viene desde la entrega del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo (CUZUS) que otorga SEDUVI, así como en la problemática de corrupción de los verificadores del INVEA.
“Si esas dos cosas no se corrigen, si los CUZUS se siguen entregando de manera irregular y si el INVEA a la hora de verificar no hace un trabajo de clausura definitiva y las clausuras no llevan a las sanciones correspondientes seguiremos con esta problemática”, explicó Mac Gregor.
LA INICIATIVA
Con la iniciativa se adicionan el Capítulo XV y el Artículo 276 Quater al Código Penal de la Ciudad, para castigar con más severidad la corrupción inmobiliaria, al reconocerla como delito y establecer las sanciones a los servidores públicos que participen en ella.
La propuesta señala que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
La sanción por las conductas descritas será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales.
Se agravarán en una mitad más las penas de prisión cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.
PROPUESTA CONFUSA
La directora de Suma Urbana consideró que la redacción de esta iniciativa sólo confunde, porque habla de edificios y pisos adicionales.
Sin embargo, enfatizó, los actos de corrupción van mucho más allá.
Como ejemplo mencionó los miles de edificios construidos ilegalmente bajo la Norma 26, que promovía solo la edificación de vivienda de interés social.
Los departamentos surgidos a partir de esa norma hoy son comercializados como de interés medio y alto sin sanción alguna, acusó la especialista.
También criticó que por un lado el GobCDMX habla de parar la corrupción inmobiliaria, pero por otro lado emite lineamientos a través de un Instituto de Planeación que está ilegalmente conformado.
A través de esos lineamientos, fustigó Mac Gregor, se manejan de manera discrecional la zonificación y los usos de suelo de la Ciudad.
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