Ciudad de México.- Hoy se cumplen dos años del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, y pese al tiempo no se ha logrado establecer el paradero de los jóvenes, o por lo menos si están vivos o fueron asesinados. La impunidad sigue.
Para los padres de familia, las únicas buenas noticias en este segundo año, es que Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue separado de su cargo, y que la Procuraduría General de la República compró nueva tecnología para reconocimiento del terreno, y que se siguen otras líneas de investigación, mientras que la “verdad histórica” ha pasado a segundo plano.
Estos tres puntos forman parte de las 20 recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) le hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) al rendir su informe final sobre los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre.
Al respecto, el vocero y abogado de los padres de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que pasaron más de tres meses desde que el GIEI le sugirió a la PGR adquirir tecnología de punta para la búsqueda de las víctimas, fue hasta el mes de junio cuando se compraron las cámaras de alta resolución, tecnología LIDAR, para la búsqueda y rastreo.
De esa fecha comenzaron con el análisis topográfico en la zona entre Iguala y Cocula, donde se detectaron al menos 40 movimientos de tierra, donde posiblemente se realizaron excavaciones, lugares donde se presume hay fosas clandestinas con los cuerpos de las víctimas.
Por lo que se espera que la búsqueda de posibles vestigios de los jóvenes desaparecidos en dichos lugares ya haya comenzado, pues hasta que no se establezca el destino de cada uno de ellos, y se castigue a los responsables los padres dejarán de exigir a las autoridades.
¿Desaparición forzada?
En las investigaciones fueron detectados más de mil números telefónicos utilizados durante y después de los hechos, y por los cuales se mantuvieron comunicaciones con respecto al secuestro de los estudiantes, este también es otro de los puntos recomendatorios del GIEI.
Entre los teléfonos localizados hay algunos que corresponden a servidores públicos, lo que robustece la versión de la desaparición forzada en la que han insistido las organizaciones sociales, padres de familia y especialistas en el tema, pues significa una responsabilidad del estado en los hechos.
Ayotzinapa es uno de los casos más polémicos en la historia contemporánea del país, pues dejó ver la filtración del crimen organizado en la política y sus instituciones, además de las omisiones de las autoridades locales y federales, la falta de resultados, las irregularidades en actuaciones ministeriales.
A pesar de las denuncias de órganos internacionales sobre violaciones al debido proceso, los derechos humanos y garantías individuales en estos dos años, el caso no ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su análisis.
Amparos a criminales
Sidronio Casarrubias Salgado y su cómplice Norman Isaí Alarcón Mejía, señalados como líderes de Guerreros Unidos, fueron amparados por el Primer Tribunal Colegiado con sede en Toluca, quien revocó el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, aunque dejaron firmes los cargos secuestro y portación de armas de uso exclusivo del ejército, y ordenaron reponer el proceso.
José Luis Abarca Velázquez interpuso un amparo por la negativa de las autoridades federales de brindar un tratamiento médico adecuado con base a sus padecimientos clínicos gastrointestinales, y aunque en primera instancia el juez de Distrito se negó a analizar el asunto por incompetencia, un tribunal colegiado le ordenó reabrirlo.
Durante este año, Abarca Velázquez ha presentado diversos peritajes médicos, inclusive el juez ordenó en reiteradas ocasiones, e impuso una multa por las omisiones recurrentes de los peritos de PGR de asistir al Reclusorio del Altiplano a practicarle exámenes médicos y comprobar la complejidad de sus enfermedades.
