«Contra el muro de la impunidad» es el nombre que han dado a la jornada de lucha que llevarán a cabo, iniciando el lunes 26 con una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde se instalarán en plantón frente a la residencia presidencial para exigir una reunión con López Obrador.
El acceso a los 800 folios que no han sido entregados por las fuerzas armadas será uno de los temas centrales de la reunión con el mandatario, pues la información contenida en esos documentos castrenses se presume crucial para dar con el paradero de los estudiantes.
El martes 27 realizarán un mitin frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México; el miércoles 28, la movilización será en el juzgado segundo de distrito, con sede en Toluca.
De regreso en la capital, el jueves 29, el juzgado quinto en materia administrativa y, un día después, el primero de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal serán el objetivo de las protestas.
El anuncio de estas actividades se dio en el marco de la Asamblea Nacional Popular, donde Vidulfo Rosales, abogado del comité de madres y padres, comunicó que el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sería otro de los temas principales en la reunión que esperan obtener con el presidente; así mismo, la exigencia de que se retome la línea de investigación que apunta a que 17 de los estudiantes fueron trasladados desde Barandilla a un lugar no identificado a las afueras de Iguala.
Respecto al reducido grupo de diez padres, de los cuales solo 4 cuentan con un hijo desaparecido, representados por Felipe de la Cruz, y la reunión que estos sostuvieron el pasado lunes con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Rosales manifestó:
«es un tema grave, poner en la mesa de debates la reparación del daño en desaparecidos, jurídicamente es hasta improcedente, eso no se puede hacer porque no se sabe el paradero y no se sabe lo que ocurrió»
Vidulfo, expresó que ese grupo de padres siempre han buscado beneficios económicos y que dejan del lado la búsqueda de justicia al concentrarse en compensaciones económicas y no en la entrega de información por parte del Ejército para esclarecer lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
«Una asignatura pendiente que me dolería no resolver»: AMLO
López Obrador aseguró que le dolería dejar el cargo sin resolver el caso Ayotzinapa, aunque considera que «todavía tenemos tiempo y vamos bien».
En entrevista con la periodista Inna Afinogenova para el Canal Red, plataforma en Youtube de Pablo Iglesias, exlíder del partido español Podemos, el presidente mexicano expresó:
«Es que fue una maraña. Cuando dicen que fue un asunto de Estado, sí lo fue, pero no porque el Estado haya ordenado desaparecerlos, sino porque el Estado encubrió»
Obrador manifestó su desconfianza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organismo que calificó de ser tendencioso y aseguró que está «al servicio de las oligarquías y los gobiernos de derecha.
Por otra parte, esta semana tuvieron lugar dos sucesos relacionados a la batalla jurídica entorno a la desaparición de los normalistas:
El primero de ellos, fue la admisión a trámite por parte de un Tribunal Colegiado del recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la República contra la sentencia de amparo que anuló la prisión preventiva oficiosa, dictada en 2023 por el delito de delincuencia organizada, al general Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala.
De acuerdo a las listas de acuerdos publicadas por el Consejo de la Judicatura Federal, el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, notificó a María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, que la impugnación realizada los primeros días de febrero por la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, fue aceptada.
Por otra parte, el día de ayer, Gabriela Murillo, hija del ex procurador Jesús Murillo Karam, dio a conocer que solicitó un cambio de medidas cautelares para su padre, solicitando prisión domiciliaria luego de 16 meses de estar encarcelado por su participación en el encubrimiento del caso Ayotzinapa.
Gabriela Murillo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró sentir impotencia ante el caso de Emilio Lozoya, quien recientemente salió de prisión tras una sentencia que le otorgó el beneficio de seguir su proceso judicial desde su domicilio.
«Estoy temblando de impotencia y de coraje, a Emilio Lozoya lo traen y lo detienen, le dan la medida cautelar porque, según esto, no tiene riesgo de fuga(…) Mi papá, se entregó y lo están matando en un cuarto de 3×3 sin ventilación, en un hospital carcelario porque hay riesgo de fuga»
Murillo Karam, recordado por la frase «Ya me cansé», que expresó durante una de sus conferencias sobre el caso Ayotzinapa cuando era Procurador General de Justicia en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy en día tiene 75 años y está preso desde el 19 de agosto de 2022; su hija asegura que sus enfermedades –Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral– se han agravado, repercutiendo en su estado de ánimo.
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