En los próximos días, la ministra deberá decidir si admite a trámite o desecha ambas controversias.
Esta controversia se centra en la presunta omisión de García Sepúlveda al no presentar en el plazo establecido el presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2024.
Guerra Villarreal sostiene que esta omisión atenta contra la división de poderes, incumpliendo con la facultad para iniciar el proceso legislativo correspondiente, lo cual impide que el Congreso del estado cumpla con su mandato constitucional de aprobar las leyes de ingresos y egresos.
Además, argumenta que esta omisión afecta la renovación de los Poderes Legislativos y Municipales programada para este año, ya que es necesario asignar un aumento al financiamiento de los partidos.
En otro frente, la ministra Lenia Batres Guadarrama también deberá resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán contra las leyes de ingresos de 11 municipios de dicho estado, uno de los más violentos en lo que va del 2024.
La asignación de estas controversias marca los primeros desafíos para la ministra Batres en su papel dentro de la SCJN.
La resolución de estos casos no solo impactará en la relación entre el Congreso de Nuevo León y el gobernador García Sepúlveda, sino también en la interpretación de la constitucionalidad de las leyes de ingresos a nivel municipal en Michoacán.
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